Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 13 de junio del 2026.- Tras las recientes movilizaciones en la capital del país, que incluyeron la conmemoración del 50 aniversario del «Halconazo», así como y una marcha de familiares de personas desaparecidas encabezadas por “Madres Buscadoras” y colectivos que las acompañan, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez Velázquez cuestionó los recursos con los que estos grupos se movilizaron hasta la capital del país.
Rodríguez Velázquez informó que la dependencia ya cuenta con “información” sobre la llegada de personas del estado de Jalisco, quienes supuestamente habrían recibido apoyos externos para trasladarse a la movilización en la Ciudad de México.
Ante esta situación, la secretaria anunció que el Gobierno Federal ha iniciado una investigación para conocer el origen y la procedencia de dichos recursos de apoyo, y determinar si existió alguna «intención ajena» a la exigencia legítima de justicia que encabezan las familias buscadoras.
@chihuahuaminutoaminuto ¡Indignante! El gobierno ahora cuestiona a quienes buscan a sus hijos. 🚨 En lugar de explicar por qué no han frenado la crisis de los 133 mil desaparecidos, la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, anunció una investigación sobre cómo se trasladaron las madres buscadoras a la CDMX. ¿Están buscando a los desaparecidos o están buscando cómo desacreditar a las familias? La exigencia de justicia es legítima, pero parece que al Estado le molesta más la organización de las víctimas que la tragedia misma. ¿Tú qué crees? ¡Queremos leerte en los comentarios! 💬 #Noticias #desaparecidos #MadresBuscadoras #carteles🇲🇽 #Mundial2026 #SEGOB #NiUnaMenos #chihuahuaminutoaminuto #Investigación #DerechosHumanos
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Esta declaración abre un debate sobre la relación entre el Estado y los movimientos sociales. Si bien la SEGOB mantiene un discurso de acompañamiento, la apertura de una investigación sobre el financiamiento del traslado de las familias buscadoras sugiere una postura de desconfianza.
Al cuestionar el origen de los apoyos, la autoridad corre el riesgo de criminalizar la organización civil y desviar la atención de la exigencia central: la localización efectiva de los más de 133 mil desaparecidos.
La pregunta que queda en el aire para los colectivos es clara: ¿es la transparencia logística un paso necesario para la rendición de cuentas, o es una estrategia para poner bajo sospecha a quienes han hecho de la búsqueda una forma de vida frente a la ineficacia institucional?
