Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 21 de agosto del 2026.- La reincorporación de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, tras concluir una licencia de 112 días, desató una dura condena por parte de la oposición legislativa. Para el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, este retorno no solo normaliza la sombra de la sospecha, sino que deja al descubierto un sistema de protección política que opera con un doble rasero ante las investigaciones de alto nivel.
Lejos de tratarse de un asunto cerrado, el líder panista enfatizó que los señalamientos internacionales y las indagatorias en curso apuntan a una estructura de poder mucho más amplia, donde figuran exfuncionarios de áreas clave de seguridad, procuración de justicia y corporaciones policiales presuntamente coludidos con redes criminales.
“Morena no está combatiendo la narcopolítica. La está regresando al poder”, sentenció Chávez, al cuestionar severamente la decisión del Gobierno Federal de permitir que un mandatario envuelto en señalamientos de esta magnitud recupere el control ejecutivo de su estado sin que las investigaciones hayan concluido con total transparencia.
El núcleo central de la crítica opositora radica en la disparidad con la que el oficialismo aplica el peso institucional. Mientras que a figuras de la oposición —como la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos— se les han exigido responsabilidades y rendición de cuentas de manera anticipada, en el caso de Rocha Moya se validó su regreso al cargo a pesar de mantener expedientes abiertos y información reservada.
Para el blanquiazul, esta asimetría procesal erosiona la confianza pública en la procuración de justicia y consolida un modelo de impunidad selectiva, donde la lealtad partidista parece funcionar como un escudo protector frente a los cuestionamientos más graves sobre la infiltración del crimen organizado en las esferas de gobierno.
Rubén Rocha Moya retoma la gubernatura de Sinaloa tras 112 días de investigación
