Por: Sandra Dueñes Monárrez
Chihuahua, Chih., 6 de julio de 2026. — La violencia letal contra las mujeres en el estado de Chihuahua ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una crisis profundamente ligada a la operación del crimen organizado, registrando de enero del 2021 a mayo del 2026 un total de 796 homicidios de mujeres con vínculos directos con esta problemática.
De acuerdo con datos estadísticos de la Fiscalía General del Estado, la gran mayoría de estos crímenes se han registrado en Ciudad Juárez, donde se han contabilizado 598 casos relacionados con el crimen organizado. En la capital del estado se tienen registradas 197 carpetas de investigación por homicidios con este tipo de vínculos, mientras que en municipios como Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo y Parral, las cifras alcanzaron los 41, 12 y 8 casos, respectivamente.
La letalidad de la violencia que enfrentan las mujeres en Chihuahua no es casual; es una ejecución sistemática. De los 796 homicidios vinculados al crimen organizado, la abrumadora mayoría —585 casos, que representan el 73.5% del total— fueron perpetrados con armas de fuego. Esta cifra es una prueba irrefutable de la capacidad de fuego y la brutalidad con la que operan los grupos criminales, dejando atrás el uso de otros métodos como armas blancas (44 casos) o golpes (43 casos).
Este predominio absoluto de las armas de fuego no solo confirma la naturaleza de ejecución de estos crímenes, sino que desmantela cualquier discurso oficial que intente minimizar la crisis; estamos ante una violencia armada que ha convertido el cuerpo de la mujer en un objetivo estratégico, operando con una impunidad que se alimenta del uso desproporcionado de la fuerza.
La violencia no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra en zonas específicas que operan como puntos de alto riesgo. En Ciudad Juárez, las colonias Portal del Roble (12 casos), Partido Romero (11 casos), Zaragoza (11 casos) y División del Norte (10 casos) encabezan la lista de zonas donde la operación del crimen organizado contra mujeres ha dejado una huella más profunda.
Por otro lado, en la capital del estado, los registros muestran una mayor incidencia en áreas vinculadas a las vías de comunicación y asentamientos periféricos, con la Carretera a Juárez (10 casos), Villa Juárez (8 casos) y la colonia 20 Aniversario (6 casos) como los puntos más críticos.
Esta geografía de la violencia, marcada por nombres de colonias que se repiten en los expedientes, debería ser el mapa prioritario para cualquier política de prevención que pretenda ir más allá del discurso y garantizar, finalmente, la seguridad en las calles que habitan las mujeres chihuahuenses.
Ante este escenario, la capacidad de respuesta del sistema de justicia resulta profundamente deficiente. Mientras que los casos tipificados como feminicidio alcanzan una sentencia en una de cada tres investigaciones —apenas un 33.2% de efectividad—, cuando el delito se reclasifica como homicidio doloso, la justicia prácticamente desaparece: la tasa de sentencias se desploma a un raquítico 6% (solo 51 sentencias condenatorias de un universo mucho mayor). Para las familias, esta falta de sentencias firmes no es solo una omisión burocrática, sino un mensaje devastador de impunidad que perpetúa el dolor y normaliza la violencia contra las mujeres.
A esta crisis se suma una negligencia operativa: resulta inaceptable que en 33 investigaciones sobre el asesinato de mujeres, el Estado haya sido incapaz de precisar siquiera el lugar de los hechos, catalogándolos bajo la opaca etiqueta de «COLONIA NO DETEMINADA».
Esta no es una simple omisión administrativa; es un acto de invisibilización que fractura la justicia. Al no determinar la geografía del crimen, la autoridad no solo impide la creación de estrategias de prevención focalizadas, sino que abandona a las víctimas en un anonimato burocrático, facilitando que la impunidad se perpetúe y negándole a la sociedad la capacidad de identificar los patrones territoriales que facilitan la violencia en nuestra entidad.
El análisis de la estadística subraya una realidad innegable: la lucha por el control territorial y las dinámicas delictivas tienen a las mujeres como víctimas recurrentes en un entorno de alto riesgo donde, más allá de las cifras, es urgente establecer perímetros de seguridad, priorizar la investigación con perspectiva de género y garantizar que la justicia no sea una deuda pendiente para las chihuahuenses.
