El pulso entre los empresarios y el Gobierno se ha elevado con la discusión sobre el incremento al salario mínimo.
El pasado domingo, en un Zócalo capitalino colmado de los suyos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puso sobre la mesa la posibilidad de que este sueldo —la cantidad más baja que un empresario puede pagar legalmente a su personal— suba un 20% a partir del 1 de enero de 2023. Hasta ahora, el salario mínimo es de 260 pesos (13,4 dólares) diarios en la frontera norte y de 172 pesos (8,91 dólares) en el resto del territorio mexicano.
“En unos días más se anunciará el aumento al salario mínimo. Deseo que ronde en el 20%, porque así llegaríamos al final de nuestro Gobierno con un incremento del 100%”, declaro el mandatario en medio de aplausos.
Lejos de los micrófonos y las arengas, el debate para fijar el próximo aumento del salario mínimo en México está en marcha. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) ya comenzó las consultas con los sectores obreros y patronales para llegar a un consenso. Las sesiones, encabezadas por el presidente de la Comisión, Luis Munguía, arrancaron con dos posturas claras: el sector obrero aboga por un alza generalizada del 25%, mientras que la iniciativa privada propone reducir el incremento y seccionarlo. El órgano patronal plantea un crecimiento del 15% para la mayoría de los Estados, sin embargo, para los empleados de la frontera norte y para quienes ganan en salarios mínimos profesionales —el sueldo diario de un trabajador con una actividad específica— piden solo un ascenso del 9%, como ajuste a la inflación.
José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirma que no todas las empresas podrán sostener un alza agresiva sobre su nómina y esto orillará a las micro y pequeñas compañías a contratar en la informalidad o a reducir personal. Medina Mora añade que es necesario escalonar estos incrementos a través de los años debido a la andanada de obligaciones adicionales que asumirán los negocios a partir de 2023: la aportación al fondo de pensión con un alza del 1% anual durante ocho años y un mayor coste laboral derivado de la reforma de vacaciones laborales, que está a punto de ser discutida por los diputados.
Desde el inicio de la Administración de López Obrador se han sucedido incrementos relevantes sobre este sueldo, que es un punto de referencia en el mercado laboral. Los Estados de la frontera norte dieron un brinco sustancial al pasar de 88 pesos en 2018 a 260 pesos en 2022. En el resto de las entidades, el incremento decretado ha sido más lento: en los últimos cuatro años se elevó de 88 pesos a 172 pesos. De acuerdo con las estadísticas oficiales, en México, más de 19,2 millones de trabajadores perciben hasta un salario mínimo como sueldo diario.
López Obrador ha tomado el salario mínimo como una de sus banderas y ha empujado alzas más agresivas respecto a sexenios anteriores. Apenas llegar a Palacio Nacional, el Ejecutivo consiguió convencer a los empresarios para elevarlo un 16%. El plan original apuntaba a un incremento del 20% y del 25% para los próximos dos años, sin embargo, la pandemia de coronavirus, los obligó a revisar sus números y ajustar a la baja el ritmo de estos crecimientos. Una vez sorteada la fase más crítica de la crisis sanitaria, el Gobierno ha vuelto a la carga y para el próximo año ha puesto sobre la mesa un alza generalizada del 20%.
Pese a estos incrementos, México continúa rezagado respecto a sus contrapartes. El pago mínimo mensual asciende a 5.186 pesos, unos 269 dólares, mientras que en Uruguay esta paga equivale a 493 dólares. En Chile, el Gobierno de Gabriel Boric decretó un incremento escalonado que ya ronda los 450 dólares y en Ecuador reciben 425 dólares mensuales. Aunque analistas y empresarios del país reconocen el rezago, también señalan que las condiciones de una inflación elevada, altas tasas de interés y un flaco crecimiento económico han complicado el escenario para elevar, de golpe, el pago mínimo a los trabajadores.
Rodolfo de la Torre, director de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, señala que estirar demasiado la cuerda con un incremento agresivo puede generar una distorsión en el mercado laboral y más inflación. “Se está empezado a agotar el margen para que no haya efectos negativos, entonces un aumento del 15% sería razonable para contrarrestar el aumento de precios en los alimentos que anda rondando en esa cantidad — la inflación de productos pecuarios se elevó más del 14,2% y de alimentos agropecuarios escaló en un 10,5% a tasa anual durante octubre—, por el contrario, un incremento intermedio, de entre un 16 y 18% podría mitigar los riesgos”, dice.
De aprobarse la propuesta del Ejecutivo y elevarse un 20% el salario mínimo en 2023, el sueldo de los trabajadores en la frontera norte llegaría a 312 pesos diarios, mientras que en el resto del país la paga diaria básica sería de 207 pesos. La promesa hecha este domingo por el presidente de López Obrador tiene un horizonte claro, cerrar el salario mínimo generalizado en 260 pesos diarios.