Por: Sandra Dueñes Monárrez
Chihuahua, Chih., a 23 de abril del 2026.- La tensión entre el Gobierno Federal y el Estado de Chihuahua ha escalado de la retórica política al terreno de la doctrina constitucional. Tras los recientes llamados a cuentas desde la capital del país, el senador por el PAN, Mario Vázquez Robles, ha fijado una postura que redefine el conflicto: no se trata de una simple negativa de información, sino de la defensa de la arquitectura federalista de México.
Vázquez Robles ha sido enfático al señalar una «cuestión elemental» que, según su visión, está siendo ignorada en la Ciudad de México: la autonomía estatal. «El Senado de la República no tiene ninguna facultad de comparecencia [sobre] los estados», es decir no tiene dentro del marco normativo la facultad de llamar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, afirmó el legislador, recordando que las entidades federativas poseen un estatus de soberanía que les permite regirse bajo sus propias instituciones y leyes.
Este argumento coloca al Senado en una posición incómoda, sugiriendo que cualquier intento de forzar una comparecencia de autoridades estatales ante la Cámara Alta sería, en esencia, una extralimitación de funciones y una violación al pacto federal.
La tesis de Vázquez Robles subraya que el flujo de responsabilidad política es local. Al ser Chihuahua un estado libre, sus funcionarios están obligados a responder ante los mecanismos internos de fiscalización y, en última instancia, ante el Congreso del Estado, pero no ante un órgano federal que no posee jurisdicción directa sobre la administración estatal.
Este debate jurídico surge en el momento más crítico, tras la intervención de agencias extranjeras como la CIA en operativos de seguridad realizados por la Agencia Estatal de Invectigaciones (AEI) en la Sierra Tarahumara. Mientras que desde la Federación se busca centralizar la narrativa y las explicaciones, la defensa de la soberanía esgrimida por Vázquez Robles actúa como un escudo legal que complica la rendición de cuentas ante los ojos de la capital.
El choque de visiones es total: mientras Morena en el Congreso local toma la tribuna denunciando opacidad y falta de patriotismo, en el Senado, el PAN responde con un manual de derecho constitucional en la mano. Lo que está en juego en Chihuahua no es solo una explicación sobre un operativo, sino el precedente de hasta dónde puede llegar el brazo del poder central en la vida interna de los estados.
