Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 6 de noviembre del 2026.- La violencia sexual contra la infancia en el estado de Chihuahua alcanzó niveles alarmantes que exigen una respuesta de Estado urgente. De acuerdo con la Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez 2025, elaborada por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), 1,093 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de violación y abuso sexual en Ciudad Juárez durante el año pasado, lo que equivale a un promedio de casi tres menores agredidos cada día.
Las cifras reflejan una tendencia a la alza inaceptable: los casos de violación en menores aumentaron un 9.5 por ciento en comparación con 2024, cuando se documentaron 515 carpetas. Lejos de ser hechos aislados, los agresores no se esconden en la fantasía urbana, sino en entornos de supuesta confianza como guarderías, escuelas o círculos familiares cercanos.
La vulnerabilidad de la niñez juarense no se limita a los delitos de índole sexual. El informe del IMIP documentó un total de 2,365 víctimas menores de edad en cinco categorías críticas: violencia familiar, violación, abuso sexual, omisión de cuidados y maltrato infantil. De ese universo total, 1,588 fueron niñas (67.1%) y 1,315 víctimas tenían entre cero y 11 años, evidenciando una saña directa contra la población en etapa de primera infancia.
A este panorama desolador se suma la incidencia delictiva del presente año: entre enero y septiembre de 2026, la frontera acumuló 483 carpetas de investigación por violación (contando a población general), un ritmo de 1.8 casos diarios que colocó a Ciudad Juárez en el primer lugar nacional por número de indagatorias iniciadas por este delito.
Frente a esta tragedia humanitaria, la diputada María Antonieta Pérez Reyes alzó la voz para denunciar una realidad indignante: en el sistema actual de procuración de justicia, la carga de la investigación recae sobre las madres de las víctimas.
La legisladora señaló con dureza que ninguna madre debería verse en la necesidad de convertirse en investigadora privada, ni mendigar atención o desgastarse acudiendo repetidamente a las oficinas públicas para conocer el avance de una denuncia. La inoperancia de las agencias ministeriales tradicionales revictimiza a los menores, quienes se enfrentan a procesos burocráticos fríos y personal carente de la sensibilidad y las herramientas técnicas necesarias para tratar con infantes.
“Mamá, ¿verdad que sí me vas a creer?”, fue el desgarrador testimonio que antecedió a la denuncia de una niña de apenas tres años violentada en una guardería fronteriza, un reflejo crudo de la desconfianza institucional y el miedo que impera en las familias.
Ante la incapacidad del modelo actual, la propuesta legislativa exige la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes, dotada de tres elementos indispensables para garantizar justicia:
- Autonomía presupuestal y operativa: No se trata de abrir una oficina de membrete, sino de etiquetar recursos suficientes para sostener una cobertura estatal con sede fortalecida en Ciudad Juárez.
- Equipos multidisciplinarios exclusivos: Ministerios públicos, policías de investigación, psicólogos y médicos forenses altamente especializados en técnicas de entrevista infantil, preservación de pruebas y contención emocional, evitando que las víctimas repitan su testimonio de manera interminable.
- Rendición de cuentas y trazabilidad: Mecanismos estrictos de supervisión para conocer en tiempo real cuántas indagatorias avanzan a los tribunales, cuáles son los tiempos de respuesta y garantizar la protección absoluta de la identidad de los menores.
La exigencia es clara y contundente: la infancia no puede defenderse sola. Cuando una niña o un niño alza la voz, el Estado tiene la obligación jurídica y moral de escuchar, creer, proteger e investigar. Todo lo que esté por debajo de este estándar es complicidad por omisión.
