«En Chihuahua vivimos bien”: Las cifras de violencia y feminicidios que destrozan la narrativa de Maru Campos

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 9 de noviembre del 2026.- Mientras la gobernadora María Eugenia Campos Galván habla de un discurso de «unidad», y lanza una alerta sobre «gobiernos de la muerte» en referencia a Morena y asegura que en la entidad «los chihuahuenses vivimos bien», las cifras oficiales de seguridad la desmienten: Chihuahua ocupa el tercer lugar nacional en homicidios, Ciudad Juárez lidera el horror de la violencia sexual infantil con más de mil menores agredidos, y la impunidad en feminicidios supera el 85%.

Sin duda hay universos paralelos que solo la clase política es capaz de habitar. Por un lado, la declaración a medios realizado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien tras un cónclave panista blindado de retórica partidista advirtió que «el enemigo está afuera» y exigió frenar lo que denominó una «cultura de la muerte» y sostuvo con optimismo que en Chihuahua «vivimos bien».

Por el otro, las estadísticas frías, inobjetables y lapidarias de instituciones como el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y observatorios ciudadanos como FICOSEC revelan una realidad profundamente fragmentada: una crisis de violencia homicida que no cede el podio nacional, una infancia vulnerada de manera sistemática y una estructura de procuración de justicia atrapada entre pugnas políticas y el colapdismo institucional.

En su pronunciamiento, la mandataria estatal apostó por cerrar filas en torno al blanquiazul, denunciar presuntos «ataques de la Federación» y enmarcar los conflictos actuales bajo la premisa de que «el Estado de Chihuahua no se entrega». Sin embargo, la narrativa de defensa de la soberanía local choca frontalmente con los indicadores de seguridad pública de 2026.

A pesar de que las corporaciones estatales presumen reducciones porcentuales interanuales —como la baja del 28% reportada en carpetas de homicidio respecto al ciclo anterior—, Chihuahua se mantiene inconmovible en el tercer lugar nacional en homicidios dolosos, concentrando el 7.8% de los asesinatos de todo el país, únicamente por debajo de gigantes demográficos y delictivos como Guanajuato y Baja California.

Mientras tanto, en las calles de la capital y de la frontera, la infraestructura urbana se cae a pedazos entre baches que destrozan suspensiones, evidenciando que el presupuesto no alcanza para tapar los cráteres viales ni para blindar el tejido social, pero si para promocionar la imagen de políticos con miras de algún puesto de elección popular.

Mientras la violencia homicida mantiene un promedio de dos asesinatos diarios en la entidad —con 15 víctimas registradas tan solo en la primera semana de noviembre, concentradas en más de un 73 por ciento entre Ciudad Juárez y la capital—, el gasto en imagen institucional de las tres principales administraciones públicas de Chihuahua supera en conjunto los 1,100 millones de pesos anuales.

De acuerdo con reportes de cuenta pública analizados por la organización Política Colectiva y solicitudes de transparencia, el Gobierno del Estado encabezó el gasto nacional en publicidad oficial durante 2025 al erogar 748 millones de pesos —cifra que ascendió a 837.5 millones tras ampliaciones presupuestales—, seguido por el Municipio de Ciudad Juárez, primer lugar nacional a nivel municipal con hasta 265 millones de pesos ejercidos, y por el Ayuntamiento de Chihuahua capital, que destinó poco más de 121 millones de pesos en el mismo periodo.

Si el homicidio doloso dibuja la tragedia general, la Radiografía Socioeconómica de Juárez 2025 del IMIP expone la herida más profunda e imperdonable del estado: la violencia contra la niñez.

Durante el año pasado, 1,093 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de violación y abuso sexual en Ciudad Juárez, un promedio de casi tres menores agredidos cada día, con un repunte del 9.5% frente a 2024. Lo más alarmante es que el 67.1% de las víctimas fueron niñas (1,588 de un total de 2,365 menores afectados en cinco categorías críticas que incluyen violencia familiar y omisión de cuidados) y que 1,315 tenían entre cero y 11 años.

• ¿De qué defensa de la «familia» y la «vida» habla la cúpula política cuando los agresores de la primera infancia no operan en callejones oscuros, sino en los círculos de supuesta confianza: escuelas, guarderías y hogares?
• Con 483 carpetas de investigación por violación acumuladas entre enero y septiembre de 2026, Juárez se colocó en el primer lugar nacional en tasas de indagatorias por este delito, un récord ignominioso que ninguna retórica de «gobierno de la muerte» externa puede maquillar.

La crisis de género en Chihuahua completa el cuadro de la descomposición institucional. Al cierre de 2025, la entidad se consolidó como el tercer estado con más feminicidios en México (49 casos oficiales).

Especialistas locales advierten que detrás de esa cifra existe una constante subestimación y subtipificación de los asesinatos de mujeres, operando bajo un manto de impunidad que supera el 85%. Si a esto le sumamos el repunte del 9% en narcomenudeo y las miles de carpetas anuales por violencia familiar documentadas por FICOSEC, queda claro que la seguridad patrimonial y doméstica en los hogares chihuahuenses se sostiene con alfileres.

La desconexión entre la narrativa de la gobernadora y la realidad del estado no es casualidad; responde a la urgencia de desviar la atención de un sistema político en ebullición.

Mientras María Eugenia Campos Galván proclama unidad partidista, las entrañas del PAN en Chihuahua sufren fracturas severas tras los intentos cupulares por imponer candidaturas en la capital —como la de Santiago de la Peña— y el terremoto político desatado por la detención del exfiscal César Jáuregui Moreno. El hombre fuerte del panismo tradicional y brazo derecho de la gobernadora, quien amagaba con que «no se iba a doblar», terminó en el ojo del huracán cuando su propio partido y la FGE estatal —encabezada por Gilberto Loya Chávez— operaron su captura, solo para ver cómo la FGR lo arrebataba en un parpadeo para recluirlo en el penal de máxima seguridad del Altiplano bajo cargos de traición a la patria.

Afirmar que «en Chihuahua los chihuahuenses vivimos bien» es un insulto para las familias de los más de mil menores agredidos sexualmente en Juárez, para los deudos de las víctimas de feminicidio que chocarán contra el muro de la impunidad, y para los ciudadanos que esquivan baches y balas en las dos principales ciudades del estado.

La soberanía de un estado no se defiende con discursos que culpan a «enemigos externos» de crisis que se gestan y solapan en casa. Mientras la clase política mantenga los ojos cerrados ante la descomposición social, el único «gobierno de la muerte» seguirá operando desde la omisión, la impunidad y el abandono institucional.