Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 17 de julio del 2026.- En lo que parece ser una redefinición de funciones dentro del gabinete estatal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), bajo la dirección de Gilberto Loya Chávez, ha intensificado sus actividades de reparto de apoyos alimentarios en sectores vulnerables, como el asentamiento Tarahumara Oasis.
Aunque el apoyo a familias en situación de pobreza es una labor necesaria, el hecho de que sea la policía estatal —y no la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, ó en su caso del DIF Estatal— quien encabeza estas entregas, plantea serias interrogantes sobre las prioridades de la actual administración en materia de seguridad.
Mientras el discurso oficial denomina esta estrategia como «seguridad con sentido humano», la realidad en las calles de Chihuahua sugiere otra cosa. La corporación, diseñada constitucionalmente para la prevención del delito, la inteligencia operativa y el combate a la delincuencia, parece estar desplazando su operatividad hacia labores de carácter asistencialista.
El uso de helicópteros de la SSPE para repartir despensas, como ocurrió recientemente en la comunidad de Cinco Llagas, y la movilización de la subsecretaría de Despliegue Policial para entregar kits alimentarios, abre un debate necesario: ¿es este el uso más eficiente de los recursos destinados a la seguridad pública?
En un estado que enfrenta crisis recurrentes de violencia y donde la ciudadanía demanda mayor capacidad de respuesta ante el crimen organizado, que el titular de seguridad se concentre en la proximidad social mediante repartición de víveres se percibe, en el mejor de los casos, como un desvío de facultades, y en el peor, como un abandono de la responsabilidad principal de proteger a la población frente a las estructuras delictivas.
Más allá de la operatividad, el análisis político no puede ignorar el contexto electoral. La constante exposición de Gilberto Loya en actividades que generan una imagen de «benefactor» social es leída por diversos sectores como una plataforma personal de cara a las próximas elecciones a la gubernatura.
Al utilizar la infraestructura y el personal de la policía estatal como una red de reparto de insumos, la SSPE corre el riesgo de politizar su función, convirtiendo a la corporación en una extensión del proyecto político personal de su titular, en lugar de consolidarla como un ente técnico y profesional encargado de devolver la paz a los chihuahuenses.
La pregunta que queda en el aire para los ciudadanos es evidente: si la policía está ocupada entregando despensas, ¿quién está realmente ocupándose de las estrategias de inteligencia para atrapar a los delincuentes que tienen al estado bajo asedio?
