Por: La Redacción.
Nueva York, EUA., a 4 de mayo del 2026.- Desde los confines de la prisión de máxima seguridad ADX Florence, Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa ha lanzado un nuevo desafío burocrático al sistema de justicia estadounidense. En una carta enviada sin representación legal —bajo el estatus de pro se— a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, insiste en una demanda que las autoridades de ambos países han ignorado sistemáticamente: su retorno a México.
El documento, fechado el 23 de abril de 2026 y registrado en el expediente judicial este lunes 4 de mayo, no es solo una petición de traslado; es una crítica directa a la arquitectura del juicio que lo condenó a cadena perpetua en 2019.
En la misiva, Guzmán argumenta que existen «evidencias contundentes que no fueron probadas» y solicita que se revisen violaciones a su derecho a un proceso justo. El texto sugiere una coordinación de «políticas binacionales» para facilitar su extradición de regreso, un escenario que expertos legales consideran casi nulo dada la naturaleza de su condena por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.
«Estoy luchando por una liberación de extradición de regreso a México», escribió Guzmán, subrayando una supuesta falta de imparcialidad en sus procesos de apelación previos.
Esta no es la primera vez que Guzmán intenta puentear a sus abogados para hablarle directamente al juez Brian M. Cogan, quien presidió el llamado «Juicio del Siglo». En abril de 2024, Guzmán denunció el régimen de aislamiento extremo que le impide recibir visitas y llamadas. La respuesta de Cogan ha sido consistente: una vez dictada la sentencia, el control sobre el recluso recae exclusivamente en la Agencia Federal de Prisiones (BOP).
La insistencia de Guzmán Salazar en ser juzgado nuevamente o trasladado parece ignorar la rigidez del sistema federal estadounidense. Según analistas, estas cartas operan más en el terreno de la guerra psicológica y mediática que en el legal. Al denunciar violaciones a sus derechos humanos, “El Chapo” intenta mantener su caso vigente en la opinión pública mexicana, a pesar de que el marco jurídico de la extradición —que fue ejecutada en 2017— no contempla «reversiones» por deseo del sentenciado.
