Por: La Redacción.
Ciudad Juárez, Chih., a 23 de abril del 2026.- El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, elevó el tono de la confrontación política al calificar como una situación «sumamente delicada» la presunta operación de agentes extranjeros en territorio chihuahuense.
En un análisis que trasciende la seguridad pública para entrar en el terreno de la legalidad nacional, el edil juarense advirtió que el estado podría estar incurriendo en una violación directa a la Constitución General de la República al establecer una «diplomacia paralela» al margen del Gobierno Federal.
Para Pérez Cuéllar, el reciente desmantelamiento de laboratorios de droga —argumento principal del Gobierno del Estado para justificar los operativos— es un «tema menor» comparado con el atropello a la soberanía nacional. El alcalde fue enfático: los resultados policiales no pueden utilizarse como una cortina de humo para ignorar que la política exterior y la seguridad nacional son facultades exclusivas de la Federación y el Senado de la República.
“Se contraviene flagrantemente nuestra Constitución”, sentenció el alcalde, señalando que permitir que agencias de inteligencia extranjeras operen en el estado sin la intervención de las autoridades federales pone al sistema jurídico mexicano en una posición de vulnerabilidad sin precedentes.
Con un gesto de incredulidad, el munícipe lanzó una interrogante que caló hondo en el debate público: ¿Qué pasaría si esta situación ocurriera en un estado gobernado por la oposición al PAN? Pérez Cuéllar sugirió que existe un sesgo en la cobertura y el análisis de este evento, sugiriendo que, si un gobierno de Morena permitiera la entrada de agentes extranjeros de esta manera, el escándalo sería de dimensiones nacionales e internacionales.
“No se debe politizar, pero tampoco se puede ignorar la ley”, afirmó el edil, posicionándose como una voz de rigor institucional en medio del caos informativo.
El alcalde recordó que la Constitución prohíbe terminantemente a los estados celebrar acuerdos o permitir operaciones con potencias extranjeras de manera autónoma. Al hacerlo, Chihuahua no solo estaría desafiando al Pacto Federal, sino comprometiendo la dignidad del Estado Mexicano.
Esta postura de Pérez Cuéllar refuerza la exigencia de transparencia que ha comenzado a gestarse desde el Congreso, colocando a la administración estatal en una posición defensiva donde ya no basta con presumir aseguramientos, sino que es imperativo explicar bajo qué marco legal se permitió el ingreso y la operación de personal extranjero en la Sierra Tarahumara.
