Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 23 de noviembre del 2025.- Anmistía Internacional solicitó al Estado mexicano información sobre la situación de las desapariciones forzadas, esto en base al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CPED, por sus siglas en inglés), anunciada en su 28ª sesión.
A nivel internacional existe una preocupación en relación con la situación de desapariciones forzadas en México. Por ello, Anmistía Internacional solicitó al Comité encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Anmistía Internacional en solidaridad con más de 2 mil 341 colectivos de familiares de más de 133 mil personas desaparecidas que luchan por acceder a la verdad, justicia y reparación del daño.
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Y aunque destacó que la desición del Comité de dialogar con las familias de desaparecidos es considerado como un “hit histórico” para aborar la crisis de desapariciones y el problema forense que enfrenta México donde alrededor de 72 mil cuerpos permanecen sin ser identificados. Es lamentable que el Estado mexicano haya mantenido una narrativa de minimizar la magnitud de la crisis de la desaparición forzada en el país, recriminó Anmistía Internacional.
Un ejemplo destacado de la minimización de la magnitud de la desaparición forzada por es la declaración de la Presidenta de México, quien negó categóricamente la existencia de desapariciones forzadas, atribuyéndolas únicamente a la violencia del crimen organizado.
Además, resalta que durante la presentación del informe del primer año gobierno, la Presidenta no haya abordado los desafíos que enfrenta la actual administración en la materia, particularmente en lo relacionado con la crisis de desapariciones.
En apoyo a esta narrativa, el Poder Legislativo, a través de una equivocada interpretación del artículo 34, ha cuestionado a este Comité6 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyo mandato es la protección y defensa de derechos humanos a nivel federal, sin haber realizado previamente un análisis minucioso y profundo, ha negado que el país atraviese una crisis de desapariciones forzadas o que éstas sean consecuencia de una política de Estado y ha cuestionado la decisión del Comité de activar el procedimiento del artículo 34.
En relación con la situación de las desapariciones en México, desde 2015, el Comité ha alertado que se “ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas, incluso iniciadas a partir de la entrada en vigor de la Convención”.16 Por su parte, en el mismo año, la CIDH alertó que “las cifras oficiales proporcionadas, junto con la información recibida de diversas regiones del país evidencian que las desapariciones son generalizadas en México”.17 Finalmente, en su visita de 2023 el mismo el Comité lamentó “la persistencia de una situación generalizada de desapariciones en el Estado parte”.
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La situación de desapariciones no ha mejorado desde la última vez que se reconoció la persistencia de una situación generalizada de desapariciones, en donde se contabilizaban 111 mil 540 personas desaparecidas y no localizadas, sino que, por el contrario, ha empeorado. Así, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza 133 mil 101 personas desaparecidas y no localizadas, esto es, 20 mil 396 personas desaparecidas y no localizadas más.
La crisis de desaparición viene de la mano de una crisis forense que incluye más de 72,100 cuerpos sin identificar y la localización de 5 mil 696 fosas clandestinas en México.
Las desapariciones forzadas en México representan una grave crisis de derechos humanos que ha persistido a lo largo de varias décadas, afectando principalmente a ciertas entidades federativas. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) proporciona cifras alarmantes que destacan la magnitud de este problema.
Las entidades federativas con el mayor número de desapariciones son:
– Jalisco: 15,518 personas desaparecidas
– Estado de México: 14,445 personas desaparecidas
– Tamaulipas: 13,519 personas desaparecidas
– Nuevo León: 7,043 personas desaparecidas
– Veracruz: 6,994 personas desaparecidas
Además, estados como Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, y Nuevo León concentran el 71.3% de los cuerpos no identificados. Sin embargo, es posible que exista un subregistro significativo, lo que sugiere que las cifras reales podrían ser incluso mayores.
Momentos Históricos de Desapariciones
La «Guerra Sucia» (1965-1990)
El primer periodo significativo de desapariciones ocurrió durante la «Guerra Sucia», caracterizada por violaciones sistemáticas de derechos humanos en una lógica contrainsurgente. Durante este tiempo, el RNPDNO contabiliza 1,072 personas desaparecidas, mientras que el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico reporta alrededor de 517 desapariciones forzadas.
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La «Guerra contra el Narcotráfico» (Desde 2006)
El segundo periodo comenzó con la presidencia de Felipe Calderón en 2006, marcando el inicio de la «guerra contra el narcotráfico». La estrategia principal ha sido la militarización, con un despliegue masivo de fuerzas armadas en regiones afectadas por el crimen organizado. Esta política de seguridad se ha intensificado en los últimos años, especialmente con la creación de la Guardia Nacional en 2019, que fue integrada a la Secretaría de la Defensa Nacional en 2024.
Desde 2006 hasta la fecha, el RNPDNO ha registrado 118 mil 207 personas desaparecidas, lo que constituye el 89% del total de desapariciones en el país.
La crisis de desapariciones en México es un fenómeno extendido y generalizado, afectando a todas las entidades federativas del país. La situación actual refleja que, lejos de ser un problema resuelto, se trata de una práctica que se ha consolidado y agudizado en los últimos años. Los números no solo son alarmantes sino que también demuestran la necesidad urgente de abordar esta crisis de manera efectiva y respetuosa de los derechos humanos.
Por ese motivo, Amnistía Internacional subraya la necesidad urgente de un diálogo abierto y sincero entre las autoridades mexicanas y los organismos internacionales para abordar esta crisis humanitaria. La organización reitera su apoyo a los miles de familiares que buscan justicia y verdad, y espera que las autoridades mexicanas asuman su responsabilidad de manera efectiva y transparente.
