Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 23 de julio del 2026.- El gobierno de Estados Unidos endureció su estrategia contra el narcotráfico al anunciar sanciones financieras y comerciales contra más de 50 personas y empresas presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en lo que la administración calificó como la «mayor acción hasta la fecha» en contra de esta estructura delictiva.
La medida, implementada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, se llevó a cabo bajo los marcos de las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224, enfocadas en la lucha contra la proliferación de drogas ilícitas y el terrorismo.
Entre los principales sancionados destaca Juan Carlos González, alias «Pelón» (también identificado como Juan Carlos Valencia González), señalado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del cártel tras la muerte de su padrastro, Rubén Oseguera Cervantes, «El Mencho». Según los reportes oficiales, el fundador del grupo criminal fue abatido durante una operación de las fuerzas de seguridad mexicanas en febrero de 2026.
Sobre González pesa una acusación formal en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, mientras que el Departamento de Estado mantiene vigente una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
Al respecto, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró que la ofensiva busca desarticular los recursos operativos y financieros del grupo:
«La medida afecta a la cúpula, los financistas y las redes criminales del CJNG, privándolo de los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar a las comunidades y amenazar la vida de los estadunidenses».
La investigación de la OFAC detalla que el engranaje financiero del cártel se sostiene mediante redes de prestanombres, familiares y operadores comerciales asentados principalmente en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Guerrero y Zacatecas. Entre los esquemas detectados figuran empresas de diversos sectores, gasolineras y comercios al mayoreo utilizados presuntamente para la legitimación de capitales ilícitos.
Asimismo, el informe apunta a células dedicadas al trasiego internacional de cocaína desde Sudamérica hacia México, con rutas de distribución final hacia Estados Unidos y Europa, así como redes de lavado basadas en Guadalajara y Zapopan encargadas de recolectar y transferir las ganancias del narcotráfico.
Esta acción punitiva se estructuró de manera coordinada con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) de Estados Unidos —el cual integra a agencias como el FBI, la DEA y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional— y contó con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
Con el bloqueo de los bienes e intereses patrimoniales de los implicados bajo jurisdicción estadounidense, Washington busca cercar la capacidad económica de una organización que, de acuerdo con las agencias de seguridad, diversifica sus ingresos ilícitos entre el tráfico sintético, el contrabando de energéticos y operaciones financieras transnacionales.
