Por: Sandra Dueñes Monárrez
Ciudad de México., a 20 de abril del 2026.- Lo que comenzó como un «trágico accidente» en la Sierra Tarahumara ha escalado a una crisis diplomática y constitucional. Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue tajante: el Gobierno Federal no estaba enterado de la movilización de agentes de la Embajada de Estados Unidos en territorio chihuahuense, calificando la acción como una decisión unilateral del gobierno estatal que podría haber violado la Ley de Seguridad Nacional.
“No es así”, respondió la mandataria al ser cuestionada sobre si la Federación estaba al tanto de que agentes estadounidenses y mandos de la AEI viajaban en el mismo vehículo. Sheinbaum subrayó que la Constitución es clara: las relaciones internacionales y de seguridad con potencias extranjeras son de carácter federal, no estatal. Con esto, deja a la administración de la panista María Eugenia Campos Galván en una posición sumamente vulnerable, bajo la lupa por operar «por la libre» con agencias extranjeras.
La presidenta fue enfática al recordar que, aunque existe coordinación e inteligencia compartida, las «operaciones conjuntas en tierra» están prohibidas bajo el marco de la soberanía nacional. El hecho de que personal de la Embajada de EU (el equipo del Embajador Johnson) estuviera en una zona de conflicto sin el aval del Gabinete de Seguridad Nacional abre una grieta de desconfianza entre Chihuahua y la Ciudad de México.
“Una Misión Compartida” es como Washington valida operativo en la Sierra Tarahumara
Este anuncio valida la postura crítica de sectores que, como se ha señalado en este espacio, cuestionan la opacidad con la que se maneja la seguridad en la entidad. Mientras la Fiscalía del Estado afirmaba que había conocimiento, la Federación los desmiente en cadena nacional, dejando en el aire una pregunta incómoda: ¿Qué hacían realmente los agentes estadounidenses en esa zona y por qué se le ocultó a la Presidenta?
Sheinbaum Pardo confirmó que el Gabinete de Seguridad ya está pidiendo cuentas tanto al gobierno de Chihuahua como a la Embajada de Estados Unidos para determinar si habrá sanciones por esta «omisión» a los protocolos de seguridad nacional.
