Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 2 julio del 2026.- – La diputada Brenda Ríos Prieto presentó un exhorto ante el Congreso del Estado para demandar mayor legalidad, transparencia y certeza jurídica en los procesos de desarrollo urbano y regularización de la propiedad en la entidad. La legisladora argumentó que las inconsistencias administrativas actuales frenan la competitividad y vulneran la seguridad patrimonial de miles de familias.
Durante su intervención, Ríos Prieto destacó que el crecimiento urbano debe ser un motor de inversión y empleo; sin embargo, advirtió sobre la preocupación de desarrolladores ante la falta de uniformidad en trámites administrativos y registrales. Según lo expuesto, más de 30 mil lotes en Chihuahua permanecen actualmente en una situación de irregularidad.
El exhorto plantea medidas concretas para la modernización del sector:
- Publicar criterios claros y tiempos definidos de respuesta.
- Implementar procesos digitales para reducir la discrecionalidad en los trámites.
- Investigar posibles prácticas que afecten la libre competencia en el sector inmobiliario.
En un tono crítico, la legisladora abordó los señalamientos sobre posibles conflictos de interés en la administración estatal. Tras las declaraciones recientes de la Presidencia de México, Ríos Prieto sostuvo que deben investigarse las operaciones vinculadas a la denominada “Casa Dorada” y a la empresa donde la gobernadora María Eugenia Campos Galván mantiene una participación mayoritaria, la cual presuntamente ha sido beneficiada con contratos gubernamentales.
Ríos Prieto afirmó que tanto la gobernadora Campos Galván como el alcalde Marco Bonilla Mendoza han protegido esquemas que calificó como un “cártel inmobiliario”, otorgando privilegios que, a su juicio, distorsionan el mercado y dañan la confianza ciudadana.
“Chihuahua necesita instituciones que den certeza jurídica, combatan los conflictos de interés y garanticen un desarrollo urbano ordenado”, concluyó la diputada, enfatizando que nadie debe estar por encima de la ley en el ejercicio del servicio público.
