Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 12 de agosto del 2026.- A más de tres meses de que estallara el escándalo judicial que sacudió al norte del país, el gobierno de Estados Unidos mantiene en el limbo el caso contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este martes que Washington sigue sin enviar los elementos probatorios ni la información de detención urgente solicitada por México para avanzar en cualquier ruta de extradición.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue tajante al señalar que la administración estadounidense no ha entregado los datos requeridos para sustentar legalmente las acusaciones que vinculan al político sinaloense con la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa, una trama que escaló el pasado 29 de abril de 2026 cuando el Departamento de Justicia estadounidense formalizó cargos en su contra y de diez funcionarios más.
El estancamiento del proceso refleja un choque entre las exigencias diplomáticas y los requisitos jurídicos internos:
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió en su momento solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte de la Embajada de Estados Unidos; sin embargo, la cancillería advirtió que los documentos carecían de los elementos probatorios mínimos para fincar responsabilidades, turnando el análisis a la Fiscalía General de la República (FGR).
La controversia escaló debido a que la SRE clasificó inicialmente las comunicaciones diplomáticas sobre el caso, lo que desató duras críticas de la oposición que acusaron a la administración federal de proteger al mandatario estatal. Ante la presión, la subsecretaría para América del Norte optó por desclasificar los expedientes.
Tras solicitar separarse del cargo el pasado 1 de mayo para «evitar afectar la gobernabilidad del estado», Rocha Moya dejó el poder en manos de la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde. Cuestionada sobre un posible retorno del político ante la falta de pruebas enviadas por EE.UU., Sheinbaum aclaró que esa decisión recae exclusivamente en el propio exmandatario mientras continúan las investigaciones abiertas en México y sus respectivas comparecencias ministeriales.
Mientras el gobierno estadounidense sostiene señalamientos mediáticos y políticos sin materializar el sustento probatorio exigido por los tabuladores jurídicos mexicanos, el caso de Rocha Moya sigue atrapado en la indefinición, alimentando la confrontación política y dejando abierta la incertidumbre sobre el futuro institucional de Sinaloa.
