Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 23 de julio del 2026.- Ante la urgencia de ampliar la infraestructura médica para los derechohabientes, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno dejar de lado la confrontación y alcanzar acuerdos concretos que permitan concretar la construcción del nuevo Hospital del IMSS.
Mediante un posicionamiento oficial, el sector empresarial recordó que el estado aporta más de 25 mil millones de pesos anuales al Instituto a través de cuotas obrero-patronales —de los cuales cerca de 11 mil millones corresponden exclusivamente a la capital—, por lo que demandaron que dicha contribución se vea reflejada en servicios de salud de calidad e infraestructura suficiente.
Respecto al predio propuesto en el suroriente de la ciudad, el CCE señaló que este cuenta con viabilidad técnica, superficie suficiente y estudios de mecánica de suelos. Ante las observaciones de Protección Civil por la presencia cercana de una gasera, el organismo indicó que esta puede reubicarse y que corresponde al Gobierno del Estado resolver dichas observaciones a la brevedad.
Los empresarios advirtieron que el rezago hospitalario en la capital es enorme y que un incremento de 260 camas ni siquiera alcanza a resolver la saturación actual, por lo que consideraron apremiante ampliar la capacidad de atención médica.
El CCE fue enfático en señalar que, si el IMSS argumenta la falta de un terreno factible, debe exigirlo formalmente a los gobiernos Estatal y Municipal, subrayando que es responsabilidad de ambas partes dar resultados y dejar de entrampar el proyecto.
El sector privado hizo un llamado tajante a resolver las diferencias en las mesas de trabajo y oficinas institucionales, y no a través de los medios de comunicación o la confrontación política.
Los empresarios destacaron que han cumplido puntualmente con el pago de cuotas muy elevadas y los procesos de auditoría, por lo que exigieron a las instituciones responder con la misma corresponsabilidad para proteger a los casi un millón de derechohabientes en la entidad.
El CCE concluyó que la salud de los trabajadores y sus familias no puede continuar atrapada en diferencias políticas o administrativas, por lo que insistieron en que se requiere voluntad y decisiones oportunas para cristalizar este proyecto largamente postergado.
