Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Cuauhtémoc, Chih., a 26 de octubre del 2026.- La crisis de desplazamiento forzado por la violencia en la Sierra Tarahumara escaló este lunes a un conflicto directo con el Gobierno del Estado. Un contingente de aproximadamente 50 familias campesinas e indígenas procedentes de los municipios de Moris y Uruachi, respaldadas por el activista social Víctor Quintana Silveyra, del Comité de Solidaridad y Derechos Humanos (COSIDAC), ingresaron y tomaron de manera pacífica el Fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado en el municipio de Cuauhtémoc.
La medida drástica se tomó de forma simultánea a la presentación de una demanda formal para anular la subasta con la que la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (COESVI) adjudicó el inmueble a una empresa particular en lugar de destinarlas a las víctimas de la violencia.
Víctor Quintana informó que el acompañamiento a las familias desplazadas responde a la falta absoluta de respuesta por parte de las autoridades municipales y estatales ante la urgencia de vivienda que enfrentan desde hace más de dos años, tras haber perdido sus hogares, siembras y ganado a manos del crimen organizado.
«La gente estuvo demandando una y otra vez que se les vendieran esas viviendas de buena fe y a crédito individual. No pedían que se las regalaran, sino una oportunidad de pagarlas de acuerdo con sus posibilidades. Al negarles el acceso y rematarlas a una inmobiliaria, no les dejaron otra alternativa», sostuvo el representante de COSIDAC.
El Comité de Personas y Familias Desplazadas, en conjunto con sus asesores legales, ingresó ante el Comité de Enajenaciones de la COESVI la demanda de nulidad de la subasta realizada en junio pasado, en la que resultó ganadora Inmobiliaria AGH.
Entre las presuntas irregularidades denunciadas en el recurso jurídico destacan:
- Lucro sobre el derecho social: COESVI vendió el paquete completo de 165 viviendas a un privado por un costo unitario de 276 mil pesos por casa, con facilidades de pago (un enganche de 4.5 mdp y el resto a un año), permitiendo que la empresa las comercialice en el mercado libre entre 800 mil y un millón de pesos.
- Violación al derecho de petición y opacidad: La dependencia nunca respondió formalmente los oficios de compra de los desplazados ni publicitó adecuadamente la convocatoria en medios de Cuauhtémoc.
- Omisiones legislativas y contractuales: La venta a plazo no contó con la aprobación previa del Congreso del Estado, además de que la empresa ganadora habría violado las bases al realizar trabajos y propaganda en el predio antes de escriturar.
Pese a la ocupación del fraccionamiento desocupado desde hace 15 años, el colectivo y el COSIDAC remarcaron que se mantienen abiertos a una mesa de negociación respetuosa con las autoridades estatales para alcanzar un esquema de compra-venta socialmente justo.
«Somos víctimas de despojo violento en la Sierra, y no vamos a permitir un segundo despojo institucional. Los cargos y las administraciones pasan, pero el derecho a la vida y a un techo digno se defiende», sentenció el Comité de Desplazados.
