Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 2 de noviembre del 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que ejecutará de manera inmediata las órdenes de aprehensión vigentes en contra de la conductora Inés «N» (Gómez Mont) una vez que las autoridades migratorias de Estados Unidos resuelvan su situación legal, tras su detención ocurrida el pasado 30 de octubre en el estado de Florida.
De acuerdo con el informe oficial emitido por la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, la presentadora de televisión cuenta con tres mandamientos judiciales emitidos por jueces federales. El primero de ellos, tramitado por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la vincula a probables delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los otros dos, solicitados por la Fiscalía Especializada de Control Competencial, corresponden a imputaciones por defraudación fiscal equiparada.
Las investigaciones de la FGR señalan que Inés «N» presuntamente recibió fondos de origen ilícito en sus cuentas bancarias personales a través de un mecanismo de desvío y triangulación de recursos públicos.
Dicho esquema involucra contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos adjudicados a través de empresas fantasma por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), instancia encargada del manejo de los penales federales del país.
A la par de la red de lavado de dinero, la representación social atribuye a la imputada la omisión en el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos, derivados de haber declarado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ingresos significativamente menores a los percibidos en los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.
El reporte institucional detalla que el proceso de localización y entrega formal de la requerida inició desde septiembre de 2025, cuando la FGR solicitó al Departamento de Justicia de EE. UU. la detención provisional con fines de extradición.
No obstante, las autoridades precisaron que la aprehensión ejecutada la semana pasada responde a motivos estrictamente migratorios bajo la jurisdicción de las autoridades estadounidenses. En caso de que se determine su deportación, las autoridades mexicanas procedieron a notificar las órdenes de aprehensión para su ejecución al momento de ingresar a territorio nacional.
«Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias», enfatizó la Fiscal General al sostener que cada peso desviado representa una afectación directa a los presupuestos públicos y programas sociales.
El anuncio de la FGR reaviva el debate sobre la eficacia en la persecución de delitos financieros de alto impacto en México. Si bien la Fiscalía remarcó que Inés «N» goza de la garantía constitucional de presunción de inocencia hasta que un tribunal emita una sentencia definitiva, el caso pone a prueba la capacidad de la FGR para sustentar en juicio un expediente robusto que evite vicios en el debido proceso, un factor que históricamente ha obstaculizado la concreción de condenas en casos de corrupción administrativa.
Asimismo, la resolución del caso dependerá en primera instancia de los tiempos y procedimientos de las cortes de migración en Estados Unidos, lo que podría prolongar el inicio formal de su juicio en México.
