Por: Sandra Dueñes Monárrez.
El Paso, Texas., a 3 de septiembre del 2026.- La historia de la llamada guerra contra las drogas en México ha estado escrita durante décadas sobre una misma geografía de cenizas: decomisos millonarios de marihuana y cocaína, enfrentamientos armados en carreteras olvidadas y pilas de armamento pesado destruidas ante las cámaras. Sin embargo, bajo esa superficie de metralla y patrullajes, la verdadera maquinaria criminal ha sabido reinventarse siempre, inmune al desgaste de sus soldados de1 o de sus arsenales de fachada.
Ahora, en un tablero donde los gobiernos de Claudia Sheinbaum y la administración de Donald Trump buscan redefinir las reglas del juego, la apuesta ha cambiado de carril. No se trata solo de cazar capos visibles o contar costales de droga interceptados en alta mar, sino de asfixiar el oxígeno financiero que mantiene latiendo el corazón de los cárteles.
Así quedó patente en el Foro Internacional de Delitos Financieros CI-First, donde el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, lanzó una lectura cruda pero pragmática de la realidad binacional: “Si les quitamos las drogas, pueden intentar reemplazarlas; si les quitamos las armas, pueden intentar comprar más, pero cuando les quitamos el dinero que hace posible todo lo demás, les pegamos en el mismo corazón de sus redes criminales”.
La crudeza del diagnóstico radica en entender que el narcotráfico opera bajo la lógica de una corporación global transnacional. Las armas que cruzan la frontera norte —más de 50,000 frenadas por Washington, según presume el discurso diplomático— y los cargamentos ilícitos necesitan una compleja red de lavado de dinero, testaferros, empresas fantasma y corrupción sistémica para echar raíces.
Y es ahí donde la pinza bilateral pretende apretar. Del lado mexicano, las cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Omar Reyes, intentan demostrar que el combate ya no es solo retórico: entre 2024 y 2026 se incorporaron 1,395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas y se inmovilizaron 24,622 cuentas que acumulaban cerca de 8,670 millones de pesos. De ese universo, al menos 7,861 cuentas están directamente ligadas a las organizaciones criminales de mayor peso en el país, un 70 por ciento de los aseguramientos totales de la dependencia.
No obstante, el reto histórico en México no es la congelación temporal de recursos, sino la integración de expedientes sólidos que resistan el paso por los tribunales de la Fiscalía General de la República (FGR). Históricamente, las cuentas bloqueadas han sido a menudo un golpe mediático que se diluye en amparos y laberintos jurídicos, mientras los beneficiarios finales de la delincuencia organizada operan protegidos por la opacidad institucional y la corrupción endémica.
El propio embajador Johnson advirtió sobre este lastre al señalar que la corrupción no solo vulnera la seguridad ciudadana, sino que ahuyenta las inversiones internacionales. En un país cansado de impunidad, la promesa de que “quienes tocan el dinero quedarán manchados y no tendrán dónde esconderse” suena contundente en los estrados internacionales, pero exige una depuración profunda y real en las estructuras locales y federales encargadas de velar por la ley.
La estrategia está sobre la mesa: tirar del hilo financiero hasta descoser la red completa. Pero en un país donde las finanzas oscuras han financiado campañas, comprado voluntades y penetrado los cimientos del poder durante generaciones, la verdadera prueba de fuego no será cuánto dinero logren congelar los banqueros o los sabuesos de la UIF, sino si la justicia mexicana tiene la voluntad política de llegar hasta el fondo sin mirar a quién salpica.
