Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 22 de julio del 2026.- La capital del estado enfrenta una crisis hospitalaria inocultable. Con un sistema actual rebasado ante la demanda de la derechohabiencia, la exigencia de un nuevo hospital de especialidades es justa y urgente. Sin embargo, en torno a esta necesidad se ha tejido una intensa disputa política que enfrenta al Gobierno Federal y al IMSS con la dirigencia estatal de Acción Nacional y actores clave de la administración local, convirtiendo un pendiente de salud pública en el epicentro de la precampaña rumbo a los comicios de 2027.
Ante los señalamientos de la oposición —quienes han desplegado una campaña en espectaculares por todo el estado asegurando que el IMSS equivale a «no tener nada»—, Silvia Aracely Macías Medina, Coordinadora de Comunicación Social del IMSS en Chihuahua, fijó la postura institucional del organismo.
El IMSS presentó documentos oficiales emitidos por autoridades del propio estado y por el Registro Agrario Nacional que demuestran un hecho crítico: los terrenos ofrecidos desde 2020 para construir el nuevo hospital no han cumplido con las condiciones legales, técnicas ni de protección civil.
Frente a críticas de figuras como el Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña; la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez; y el Senador Mario Vázquez, quienes acusan una supuesta falta de voluntad o de recursos federales y exigen que se asigne presupuesto antes de buscar predio, el instituto respondió de forma tajante: esa afirmación es falsa.
En este y en cualquier proyecto hospitalario del Instituto, la regla técnica es inquebrantable: primero va el terreno y después el presupuesto. Un hospital no puede presupuestarse sobre un predio inexistente, incierto o jurídicamente irregular.
La integración de un predio viable exige un proceso riguroso que incluye la propiedad, superficie, medidas, constancia de no afectación agraria, acuerdos de desincorporación, uso de suelo, levantamientos topográficos y dictámenes de seguridad y protección civil. Solicitar recursos antes de contar con esto sería técnicamente negligente.
Durante seis años, el IMSS ha solicitado terrenos y revisado propuestas en Chihuahua; sin embargo, las alternativas presentadas han presentado irregularidades como estar registradas a nombre de particulares, posibles afectaciones agrarias o dictámenes desfavorables de Protección Civil.
Para ilustrar que este es el procedimiento estándar de la federación, el IMSS contrastó el caso de Chihuahua con lo ocurrido en otras entidades:
- Oaxaca: Solicitado el 30 de septiembre de 2024, el gobierno estatal asignó 12 hectáreas en San Lorenzo Cacaotepec, incorporadas por el Consejo Técnico en mayo de 2025 y con inicio de obra en abril de 2026.
- Coahuila: Terreno de más de 50 mil metros cuadrados desincorporado en Saltillo; construcción iniciada en diciembre de 2025.
- Aguascalientes: Donación de un predio de más de 42 mil metros cuadrados en Pabellón de Arteaga formalizada en 2025; obras iniciadas en marzo de 2026.
- Querétaro: Predio de 50 mil metros cuadrados entregado en El Marqués tras cumplir con todo el expediente técnico y legal.
Mientras al IMSS se le han dado largas, evasivas y trabas burocráticas desde el año 2020 bajo el argumento de un estricto rigor administrativo para no otorgarle un solo metro cuadrado destinado a la salud de los chihuahuenses, la realidad del Congreso local y del Ejecutivo estatal opera con una vara completamente distinta cuando se trata de los intereses de la élite empresarial.
En contraste absoluto con la negativa sistemática para el sector salud, el bloque de partidos integrado por el GPPAN, PRI, MC y el PT aprobó sin titubeos la venta exprés y a bajo costo de patrimonio público. A petición de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, el Congreso autorizó la enajenación de un predio industrial de casi 16 hectáreas en el Parque Industrial Chihuahua Sur a favor del fallecido empresario Luis Lara Armendáriz, fundador de American Industries y prominente patrocinador de campaña de la mandataria estatal.
El terreno, valuado en decenas de millones, fue obsequiado prácticamente a un dólar el metro cuadrado —un subsidio de más de 6.3 millones de dólares— mediante un decreto publicado en mayo de 2022.
Es así que, lejos de cuidar los bienes del estado, el Poder Legislativo y las instancias estatales se lavaron las manos: hoy en día, ni la Junta de Coordinación Política ni las comisiones cuentan con informes, acciones de seguimiento o auditorías que documenten el cumplimiento de la millonaria inversión prometida por la planta. Quedó al descubierto el pago de favores políticos con el patrimonio del pueblo, evidenciando que el problema en Chihuahua nunca ha sido la falta de capacidad legal para ceder terrenos, sino la nula voluntad política cuando el beneficiario no es un privado amigo del régimen, sino miles de derechohabientes que urgen de atención médica.
La escalada política y el «tiro» institucional
La confrontación escaló a niveles inéditos cuando la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez Hernández —acompañada por el coordinador de los diputados panistas en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, y la diputada federal Manque Granados— protagonizó un choque directo al retar públicamente a la vocera del IMSS, en el marco de una ofensiva mediática que incluyó espectaculares por todo el territorio estatal para golpear la imagen de la institución federal.
Este uso político del tema de salud ha generado reacciones de sectores productivos. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) calificó de lamentable la confrontación, recordando que la búsqueda de un terreno adecuado para el nuevo hospital data de muchos años atrás —incluso desde los tiempos en que la actual gobernadora, María Eugenia Campos Galván, fungía como alcaldesa de la capital—. Para diversos analistas y sectores sociales, las trabas administrativas han sido utilizadas sistemáticamente como una maniobra política de cara a los comicios electorales de 2027, donde en Chihuahua se renovarán la gubernatura, las 67 alcaldías y el Congreso del Estado.
Mientras los desplegados publicitarios y los desencuentros políticos dominan la agenda pública, el costo real de esta parálisis lo pagan las familias chihuahuenses y los derechohabientes que continúan saturando un hospital de especialidades rebasado en su capacidad.
La exigencia ciudadana trasciende los colores partidistas: la salud no puede seguir subordinada a la disputa política-electoral. Si bien la normatividad técnica exige certeza jurídica e inmobiliaria para proteger los recursos públicos, la corresponsabilidad de las autoridades locales y federales radica en destrabar de inmediato el conflicto de los predios y dejar de usar la necesidad más sensible de la población como trinchera política rumbo al 2027. Las y los chihuahuenses no necesitan más campañas de espectaculares ni retos mediáticos; necesitan un hospital seguro, funcional y con presupuesto garantizado sobre la mesa.
