Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 16 de septiembre del 2026.- Ante una de las prácticas más crueles e indolentes que enfrentan las familias en momentos de duelo —la retención de cuerpos por adeudos en servicios médicos—, el Congreso del Estado consolidó un marco legal punitivo y de supervisión que busca erradicar esta irregularidad en la entidad.
La diputada Rosana Díaz Reyes recordó que la iniciativa, impulsada originalmente desde el 3 de octubre de 2023, reforma el artículo 322 del Código Penal local para tipificar y castigar severamente a quienes lucren o utilicen el dolor humano como medida de presión económica.
Bajo las nuevas disposiciones legales, la negativa a entregar un cadáver bajo el pretexto de adeudos hospitalarios se castigará de manera directa:
- Para servidores públicos o personal administrativo: Se contempla la destitución e inhabilitación por un periodo de seis meses a dos años, además de multas que van de las 500 a las 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
- Omisión en inhumación o cremación: Aquellos casos donde se deje de inhumar o incinerar un cadáver enfrentarán penas de prisión de seis meses a tres años. En supuestos que involucren a dos o más cuerpos, las personas jurídicas responsables podrán ser sancionadas con la suspensión de actividades de seis meses a dos años.
Más allá del ámbito punitivo hospitalario, la reforma establece candados operativos para blindar los servicios funerarios y de cremación en el estado. Entre los mecanismos destacan:
- La implementación obligatoria de registros digitales de identificación.
- La vinculación de datos biométricos directamente con el Sistema Nacional de Búsqueda.
- Revisiones periódicas mensuales a los establecimientos prestadores de servicios funerarios.
«Desde 2023 señalamos que ninguna familia debe enfrentar la retención del cuerpo de un ser querido por una deuda. La dignidad humana debe protegerse también después de la muerte y hoy contamos con mayores herramientas legales para hacerlo», subrayó la legisladora Rosana Díaz.
Con este marco normativo, el estado busca poner fin a los abusos históricos cometidos por clínicas particulares y establecimientos que, aprovechándose de la vulnerabilidad económica de los deudos, convertían el dolor en una herramienta de cobranza ilegal.
