Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 24 de abril del 2026.- En una sesión marcada por el hermetismo y el rechazo ciudadano, el Cabildo de Chihuahua aprobó adicionar el nombre del empresario Víctor Cruz Russek, finado esposo de la gobernadora Maru Campos, a la Avenida de La Cantera. La decisión, impulsada por la mayoría del PAN, PRI y MC, se consumó ignorando más de 1,600 firmas de protesta y en medio de una crisis institucional por la operación de agentes extranjeros en la entidad, lo que ha avivado las críticas sobre un ejercicio de poder «ajeno a la realidad social».
A diferencia de otros nombramientos aprobados en la misma sesión —como el de Samuel Kalisch, reconocido por su labor filantrópica en FECHAC, o el del exgobernador Francisco Barrio—, la justificación para elevar a Cruz Russek a la nomenclatura urbana carece de criterios técnicos o sociales verificables.
El dictamen, promovido por la regidora panista Joni Barajas, se limita a describir su trayectoria en el ramo automotriz, omitiendo cualquier acción de impacto social. Incluso, el documento oficial presentó errores históricos en la fecha de su fallecimiento, reforzando la percepción de una propuesta «al vapor» diseñada únicamente para honrar el vínculo sentimental con la mandataria estatal.
El fondo de la indignación ciudadana no radica solo en el nombre, sino en el historial de las empresas de la familia Cruz Russek. Documentos públicos confirman que, tanto antes como después de su enlace con la Gobernadora, sus concesionarias se consolidaron como las principales proveedoras de vehículos del Gobierno del Estado, obteniendo contratos multimillonarios bajo la sombra de un evidente conflicto de interés.
Activistas y organizaciones de la sociedad civil, encabezados por figuras como Katya Galán, denunciaron que las firmas recolectadas mediante plataformas digitales fueron ignoradas por los regidores. Peor aún: a los ciudadanos inconformes se les negó el acceso al salón de sesiones, blindando una votación que Morena calificó como una «ofensa a la ética pública».
La imposición de este nombre llega en el punto más crítico de la administración de Maru Campos. Mientras el Gobierno Federal exhibe la falta de protocolos en seguridad estatal y la presencia de agentes de la CIA, el Ayuntamiento de Chihuahua —encabezado por Marco Bonilla— parece enfocado en consolidar una narrativa de culto a la personalidad y cercanía con el poder económico, alejándose de las demandas de transparencia que exige la capital del estado.
