Por: Redacción.
Chihuahua, Chih., a 10 de junio del 2026.- El diputado de Morena, Pedro Torres Estrada, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, con la cual busca establecer la electromovilidad como una política pública estratégica. El legislador argumentó que el sistema actual, caracterizado por una flota obsoleta y altamente contaminante, es insostenible y requiere una transición tecnológica urgente.
La iniciativa plantea un cambio estructural en la gestión del transporte público mediante tres pilares fundamentales:
La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico sería la encargada de coordinar y ejecutar la política estatal de electromovilidad, integrando esfuerzos entre los órdenes de gobierno.
Se busca obligar a las autoridades a fomentar la electromovilidad como un eje estratégico para reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética.
El proyecto sugiere la creación de esquemas de colaboración público-privada para facilitar la adquisición gradual de unidades eléctricas e híbridas en sistemas clave como el JuárezBus y el Bowi.
Torres Estrada admitió que esta reforma no resuelve por sí misma las deficiencias actuales en cobertura, calidad y accesibilidad del transporte. No obstante, sostiene que es imperativo preparar al estado para los retos tecnológicos del futuro, citando casos de éxito en Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.
Si bien la propuesta de migrar hacia un transporte limpio es, en teoría, un paso hacia la modernidad, la viabilidad de este proyecto en Chihuahua enfrenta obstáculos considerables:
La transición a unidades eléctricas e híbridas requiere una inversión inicial significativamente mayor a la de los vehículos de combustión interna. La iniciativa no detalla aún cómo se blindará el financiamiento para asegurar que esta transición sea gradual y no se convierta en una carga para las finanzas públicas o los concesionarios.
La electromovilidad exige una red de estaciones de carga y una capacidad eléctrica que el estado, en muchas de sus zonas urbanas, aún está lejos de consolidar.
Mientras los usuarios padecen a diario problemas críticos como la falta de unidades, largos tiempos de espera y rutas insuficientes, el debate se centra en una modernización tecnológica de alto costo. El éxito de esta política dependerá de que no desplace la urgencia de resolver las carencias operativas básicas que el sistema arrastra desde hace años.
En definitiva, la iniciativa de Torres Estrada pone sobre la mesa un tema necesario para el desarrollo sostenible, pero cuya implementación exitosa dependerá de una planificación financiera sólida y de que los beneficios técnicos se traduzcan, finalmente, en un servicio real y digno para el ciudadano de a pie.
