Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 29 de mayo del 2026.- El caso del laboratorio clandestino descubierto en el municipio de Morelos, Chihuahua, ha escalado hacia un conflicto institucional entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gobierno del Estado. Tras citar a la gobernadora María Eugenia Campos Galván para que rindiera su testimonio sobre la presunta presencia de agentes extranjeros en actividades de seguridad en la entidad, la mandataria estatal optó por no comparecer presencialmente, limitándose a entregar un escrito en el que manifiesta su indisposición para aportar información.
Ante esta respuesta, la FGR, a través de Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, cuestionó la postura de la mandataria al precisar los límites de la protección legal de la que goza el cargo.
Si bien la institución reconoce la existencia de la inmunidad procesal —la cual impide el procesamiento penal directo de la gobernadora—, el fiscal subrayó un punto crítico: dicha protección no exime a la persona servidora pública de su obligación de colaborar con la justicia.
En su declaración, Lara fue enfático al señalar que, aunque la figura legal previene el procesamiento penal de la gobernadora, esta no es un impedimento para que la servidora pública aporte datos esenciales para el esclarecimiento de hechos bajo investigación, especialmente cuando estos involucran la seguridad nacional y la participación de personal extranjero en territorio mexicano.
Pese a la falta de colaboración documentada, la Fiscalía informó que los trabajos técnicos en el sitio del hallazgo han concluido. La dependencia detalló que se llevó a cabo el desmantelamiento total de la instalación clandestina, así como el embalaje y traslado de las sustancias localizadas, las cuales serán destruidas conforme a los protocolos legales.
La FGR reafirmó que continuará informando sobre los avances de estas indagatorias bajo los principios de transparencia y apertura, dejando sobre la mesa la falta de disposición de la titular del Ejecutivo estatal para contribuir al proceso de investigación en curso.
