Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 16 de octubre del 2025.- Guatemala intensifico la vigilancia en sus cárceles y fronteras con México y Honduras después de la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18, considerados de alta peligrosidad. Esta evasión, calificada como «inaceptable» por Estados Unidos, ha generado alarma tanto a nivel nacional como internacional.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció en una rueda de prensa que se han activado mecanismos de cooperación internacional con Interpol y con las autoridades de El Salvador, Honduras y México para la búsqueda de los fugitivos. Como parte de esta operación, se ha aumentado la vigilancia en las fronteras terrestres y se han desplegado agentes para custodiar los perímetros de las prisiones.
Jiménez informó que uno de los cabecillas más importantes, Byron Fajardo Revolorio, fue recapturado. Revolorio, de 40 años, había sido condenado a 180 años de prisión por asesinato, extorsión y robo agravado. Además, se ha ofrecido una recompensa de 150,000 quetzales (unos $20,000) por información que conduzca a la captura de cada pandillero fugado.
Como medida inmediata, el ministro destituyó al jefe del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez, así como al director y subdirector de la cárcel Fraijanes II. Sin embargo, descartó su propia renuncia, aunque enfrentó presiones de varios diputados oficialistas.
Estados Unidos, que recientemente declaró al Barrio 18 como «organización terrorista», expresó su descontento y preocupación por la fuga, instando al gobierno de Guatemala a recapturar a los fugitivos. La embajada estadounidense enfatizó que la fuga representa una amenaza para ambos países.
Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal de Delitos contra la Vida, sugirió que la fuga podría haber sido facilitada por altos cargos del Ministerio de Gobernación, aunque el ministro Jiménez rechazó estas acusaciones. Jiménez también propuso la implementación de un sistema biométrico de control de reclusos y la construcción de una cárcel de máxima seguridad, para lo cual solicitó apoyo a Estados Unidos.
Coincidiendo con la fuga, el gobierno guatemalteco presentó un proyecto de Ley Antipandillas que busca endurecer las penas por extorsión y otros delitos, además de proponer la construcción de una cárcel de máxima seguridad. Esta iniciativa se enmarca en un contexto de aumento de homicidios en el país.
El presidente Bernardo Arévalo, aunque reconoce la necesidad de enfrentar la violencia, ha descartado seguir una política similar a la de El Salvador, que ha sido criticada por violaciones a los derechos humanos.
El aumento de la violencia y la actividad pandillera no solo afecta a Guatemala, sino también a países vecinos como Costa Rica, que ha anunciado la construcción de una prisión de alta seguridad inspirada en la estrategia de El Salvador.
En resumen, la fuga de pandilleros en Guatemala ha puesto de relieve la necesidad de reforzar la seguridad y la cooperación internacional, mientras el país busca equilibrar la lucha contra el crimen organizado con el respeto a los derechos humanos.
