Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 30 de octubre del 2026.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua dio a conocer que el Instituto Estatal Electoral (IEE) admitió y dio trámite formal a la denuncia interpuesta en contra del Coordinador de la Defensa por la Cuarta Transformación, alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, así como por la promoción personalizada de su imagen a través de una densa red de anuncios espectaculares distribuidos en diversos municipios de la entidad.
De acuerdo con el dirigente estatal del tricolor y diputado federal, Alejandro Domínguez, la resolución de la autoridad electoral marca un precedente relevante para indagar la legalidad de los recursos empleados en dicha estrategia publicitaria, exigiendo que se finquen responsabilidades conforme a la normatividad electoral vigente.
Por su parte, el secretario Jurídico del Comité Directivo Estatal del PRI, Óscar Antonio Núñez López, detalló los alcances del acuerdo emitido por el órgano electoral, el cual contempla un despliegue operativo de investigación inusual por su profundidad.
Entre las medidas dictadas por el IEE se encuentra la solicitud a la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar con la localización de Cruz Pérez Cuéllar y asegurar que las notificaciones legales del procedimiento sean entregadas formalmente.
Asimismo se giraron requerimientos de información a empresas del sector publicitario, ayuntamientos y órganos de fiscalización para recabar contratos, permisos, facturas, bitácoras de autorización y los mecanismos de pago utilizados.
La autoridad electoral determinó extender las pesquisas hacia los órganos directivos de Morena, con el fin de esclarecer si el partido político tuvo algún grado de participación en la contratación, producción, financiamiento o difusión de la propaganda denunciada.
La dirigencia estatal del PRI advirtió que mantendrá un seguimiento puntual y estricto sobre el curso de las indagatorias para evitar que el caso quede en la opacidad institucional.
El avance de esta denuncia ante el IEE pone sobre la mesa una de las prácticas más recurrentes y cuestionadas de la clase política actual: el proselitismo anticipado encubierto bajo dinámicas de promoción personal y la opacidad en el financiamiento de estructuras publicitarias masivas.
Por lo que la orden de rastrear facturas, contratos y el origen preciso de los recursos no solo pone en aprietos jurídicos a la defensa de Pérez Cuéllar, sino que obliga a las instituciones electorales a demostrar su autonomía frente a figuras con peso político en el poder municipal y estatal.
Es importante destacar que si las diligencias logran documentar el uso de recursos ilícitos o desvíos partidistas, el golpe no solo será en el terreno legal, sino en la narrativa de probidad que el bloque oficialista suele enarbolar en la contienda pública.
