Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Guadalupe y Calvo, Chih., a 21 de febrero del 2026.- Ni las súplicas de las madres embarazadas ni el riesgo de muerte de los niños ódami fueron suficientes. Tuvo que intervenir la justicia federal para que el Gobierno dejara de ignorar a Baborigame.
Tras más de dos años de vivir en un «desierto médico», integrantes de la comunidad indígena Ódami y mestizos del seccional de Baborigame, apoyados por la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), lograron que el Juzgado Tercero de Distrito emitiera una suspensión provisional que ordena a las autoridades brindar atención médica inmediata, medicinas y transporte de emergencia.
El diagnóstico del olvido: Clínicas vacías y hambre
La situación que describe el amparo promovido el pasado 23 de enero es de terror:
- Sin médicos ni medicinas: Las clínicas son cascarones vacíos donde no hay ni una aspirina ni personal para atender.
- Emergencias de muerte: No hay ambulancias funcionales. En Baborigame, enfermarse de gravedad es, prácticamente, una sentencia de muerte por falta de traslado.
- Hambre en el CERENAM: El Centro de Recuperación Nutricional, vital para combatir la desnutrición infantil, carece de alimentos adecuados, poniendo en riesgo la vida de bebés y madres.
La justicia le corrige la plana al Gobierno
El juez federal fue claro: las autoridades deben detener de inmediato esta afectación. La orden judicial exige que se proporcione atención médica oportuna, segura y digna. Es una vergüenza que en pleno 2026, los ciudadanos tengan que recurrir a los tribunales para que el Estado les envíe un médico o gasas para curar una herida.
¿Cuántas vidas se perdieron en estos dos años de silencio oficial? Mientras los discursos hablan de «atención prioritaria a la Sierra», los habitantes de Baborigame demuestran con un amparo en la mano que para ellos, la salud ha sido un privilegio inexistente.
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