Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 21 de febrero del 2026.- Mientras el discurso oficial busca «rasurar» registros y normalizar la violencia, la realidad en el terreno cuenta una historia distinta. En México, las fosas clandestinas no solo se cavan en la tierra; se entierran en el silencio institucional y la opacidad burocrática.
La reciente actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas (desarrollada por la Universidad Iberoamericana, Data Cívica y Artículo 19) surge como un acto de resistencia frente a un Estado que ha optado por fragmentar o negar la información sobre la crisis forense que atraviesa el país.
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El contraste de cifras revelado por la plataforma es demoledor y demuestra que el Estado mexicano no tiene —o no quiere tener— una imagen clara de su propio desastre:
- El vacío federal: Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) reportó apenas 94 fosas entre 2023 y 2024, las fiscalías estatales reconocieron 1,451.
- El papel de la prensa: Los medios de comunicación documentaron más de mil fosas y la exhumación de 2,017 cuerpos, superando por mucho los registros oficiales de las fiscalías.
- La negación sistemática: Estados como Ciudad de México, Querétaro y Yucatán afirman no tener fosas, a pesar de que fuentes abiertas y hallazgos ciudadanos demuestran lo contrario.
El texto destaca una realidad cruda: son las madres, hermanas y colectivos de búsqueda quienes han tenido que aprender antropología y criminalística de campo ante la irresponsabilidad gubernamental.
En lugares emblemáticos como Tetelcingo o Jojutla, las familias hicieron el trabajo que las autoridades se negaron a realizar. Hoy, la crisis se agrava con más de 70,000 cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado, lo que la plataforma denomina como un «abandono sistemático» en el nuevo apartado de Diagnóstico Forense.
La plataforma ilustra casos críticos como el de Sinaloa, donde oficialmente se reconocieron solo 13 fosas en 2024, mientras la prensa documentó 58. En municipios como Concordia, el rumor de una de las fosas más grandes del país circula en testimonios y reportajes, pero brilla por su ausencia en los informes oficiales.
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En Querétaro, el hallazgo de una fosa en la comunidad de La Llave (San Juan del Río) el pasado enero, gracias a una llamada anónima al Colectivo Desaparecidos Querétaro, contradice la narrativa estatal de «cero fosas».
La desaparición del INAI y el debilitamiento de los mecanismos de transparencia han convertido a los datos periodísticos y académicos en la última línea de defensa para contrastar la narrativa oficial.
«Cada dato borrado es una forma más de violencia», sentencia el análisis. Frente a un proyecto político que busca administrar el daño mediante el olvido, la Plataforma Ciudadana de Fosas demuestra que la crisis no es de capacidad técnica, sino de voluntad política.
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