Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 7 de octubre del 2026.- En cumplimiento a una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Registro Civil del Estado de Chihuahua entregó los primeros certificados de defunción respaldados por las actas levantadas por autoridades tradicionales rarámuri en la comunidad de Tehuerichi, municipio de Carichí. El acto formaliza el reconocimiento del pluralismo jurídico y la autonomía normativa indígena, poniendo fin a décadas de invisibilización burocrática e indefensión civil.
Durante años, las familias rarámuri de Tehuerichi enfrentaron un cerco institucional que les impedía registrar el fallecimiento de sus seres queridos. El aparato estatal exigía como requisito indispensable la presentación de certificados médicos o actas emitidas por el Ministerio Público. No obstante, la ausencia de infraestructura de salud y la falta de agencias del Ministerio Público en zonas de la Sierra Tarahumara convirtieron un trámite administrativo en un obstáculo infranqueable.
Esta exigencia provocó un subregistro histórico que vulneró el derecho a la identidad, la certidumbre jurídica y la memoria de la comunidad. Ante la falta de respuesta estatal, la comunidad promovió un juicio de amparo con el acompañamiento legal de la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), derivando en el amparo en revisión 423/2025, resuelto por la SCJN el 5 de marzo de 2026.
El fallo del máximo tribunal no solo subsana las omisiones del pasado, sino que sienta un precedente sobre la validez de las resoluciones y actos expedidos por las autoridades tradicionales, encabezadas por el Siríame.
Durante la intervención realizada el 28 de septiembre en Tehuerichi —en la que participaron personal de la Dirección del Registro Civil, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas y la Oficialía de Carichí—, las autoridades estatales recibieron los registros elaborados por la comunidad desde 2018 hasta la fecha.
Se completó la emisión de tres certificados de defunción durante la jornada inicial. El Estado se comprometió a procesar y entregar la totalidad de las actas pendientes en un lapso de tres semanas.
Queda pendiente la ejecución de campañas intensivas durante los próximos seis meses para garantizar el registro oportuno de nacimientos bajo los mismos criterios de respeto a la libre determinación.
El caso de Tehuerichi evidencia cómo el reconocimiento de los derechos indígenas en México suele materializarse por vía judicial y no por iniciativa proactiva de los gobiernos. Si bien el cumplimiento de la sentencia por parte del Registro Civil y del municipio de Carichí representa un avance, el reto principal radica en que el reconocimiento de la validez del Siríame no quede atado a un mandato judicial específico, sino que se consolide como una política pública permanente en toda la Sierra Tarahumara.
