Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 22 de septiembre del 2026.- El sistema de procuración e impartición de justicia en Chihuahua enfrenta severos cuestionamientos éticos y legales tras exhibirse la profunda disparidad con la que operan los tribunales y la Fiscalía General del Estado. La exigencia lanzada desde la tribuna del Congreso local pone sobre la mesa una realidad inocultable: todo el rigor de la ley para los ciudadanos de a pie, y manga ancha o permisividad para quienes enfrentan acusaciones de homicidios por imprudencia o negligencia grave.
El detonante de la denuncia legislativa expuso el caso de Ninfa Márquez, una madre soltera y activista social de Ciudad Juárez que cumple un mes privada de la libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva, acusada de un presunto robo de pelucas.
Lo alarmante del expediente radica en los vicios de origen: pruebas geolocalizadas y registros oficiales demostraron fehacientemente que, en el día y la hora del supuesto atraco, la mujer se encontraba en la capital del estado participando en una capacitación pública en el Centro de Convenciones. A pesar de ello, fue detenida de manera irregular por elementos de la Policía Municipal —quienes carecen constitucionalmente de facultades de investigación— y vinculada a proceso bajo un criterio insostenible: la jueza del caso admitió no tener certeza de la identidad de la imputada en los videos, pero le impuso a la defensa la carga de «demostrar que no era ella», vulnerando flagrantemente la presunción de inocencia y dejando en completo estado de indefensión a sus dos hijas menores.
Frente al castigo desmedido contra una madre sin antecedentes penales, el contraste salta a la vista al analizar cómo se procesan los delitos de alto impacto derivados de percances viales fatales en la capital, particularmente los ocurridos en arterias de alta velocidad como el Periférico de la Juventud, donde conductores involucrados en accidentes trágicos —incluso aquellos señalados por manejar bajo el influjo de sustancias o con conductas evasivas— logran enfrentar los procesos en libertad o bajo esquemas benéficos que evitan la cárcel preventiva.
Esta doble moral jurídica pone en evidencia que los criterios de la Fiscalía para justificar la prisión preventiva no responden a la gravedad real de la conducta social, sino a una burocracia selectiva que golpea con severidad a los sectores más vulnerables mientras amortigua las consecuencias para otros perfiles.
Ante este panorama, el reclamo institucional busca frenar la normalización de la arbitrariedad ministerial. El acceso a la justicia en Chihuahua no puede seguir dependiendo del estrato social, del medio de transporte en el que se mueva el ciudadano, o de la incapacidad de la Fiscalía para integrar carpetas con rigor técnico y apego a los derechos humanos.
La exigencia de libertad para Ninfa Márquez se ha convertido en el símbolo de una lucha urgente: rescatar a los tribunales locales de la simulación y exigir que la ley sea ciega ante el poder y justa frente a la inocencia.
