Por: La Redacción.

Ciudad de México., a 5 de abril del 2026.- En un pronunciamiento que marca una ruptura sin precedentes con los organismos multilaterales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó este 5 de abril su total discrepancia con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED). El organismo nacional no solo rechazó la intervención internacional, sino que lanzó una ofensiva verbal contra las organizaciones civiles mexicanas, acusándolas de orquestar una «manipulación» de las demandas de justicia en el país para intereses externos.

La controversia escaló luego de que el Comité de la ONU solicitara elevar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General. Ante esto, la CNDH calificó la propuesta como una «receta fallida» que carece de sensibilidad hacia la realidad nacional. Según la Comisión, las ofertas de «cooperación técnica» y «apoyo financiero» que propone la ONU son dinámicas del pasado que nunca se tradujeron en mejoras reales, señalando que el organismo internacional parece más interesado en «cobrar relevancia» mediática que en atender los avances que el gobierno federal ha reportado en los últimos siete años.

Un punto crítico del comunicado fue el ataque directo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). La CNDH señaló que este centro ha emitido opiniones «sesgadas» que ignoran los esfuerzos presupuestales e institucionales de la presente gestión. La Comisión defendió que, bajo su actual administración, se han emitido recomendaciones expeditas y se ha logrado que las desapariciones forzadas cometidas por autoridades federales desciendan hasta niveles de «práctica desaparición» desde el año 2018, marcando un contraste con las cifras de décadas anteriores.

Para sustentar su postura, la CNDH revivió la sombra de la llamada «Guerra contra el Narcotráfico» (2006-2012), cuestionando la memoria del Comité de la ONU. El organismo nacional increpó al CED por no equiparar el enfoque militarizado del pasado con una política de Estado de desaparición intencional, recordando que durante el sexenio de Felipe Calderón, la seguridad pública estuvo en manos de un secretario hoy sentenciado en Estados Unidos por vínculos criminales. Con este argumento, la CNDH busca invalidar las críticas actuales, posicionándolas como una herencia de violencia que la comunidad internacional ignoró en su momento.

Finalmente, la Comisión Nacional reafirmó su compromiso de atender el flagelo de la desaparición mediante la documentación de casos históricos de la «Guerra Sucia» y el periodo calderonista, asegurando que su trabajo es más que suficiente para garantizar la justicia sin necesidad de injerencias externas. Este choque deja una pregunta en el aire para la opinión pública: ¿Es la soberanía institucional el camino para resolver la crisis de desaparecidos, o es el escrutinio internacional la última esperanza para las familias de las víctimas?