Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 5 de abril del 2026.- Mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se atrinchera en un discurso de «soberanía» y acusa manipulación internacional, Amnistía Internacional (AI) lanzó hoy un respaldo histórico a la ONU, advirtiendo que la crisis de desapariciones en México ha alcanzado el nivel de ataques sistemáticos contra la población civil.
La postura de la CNDH, que califica de «práctica desaparición» los casos cometidos por autoridades federales desde 2018, chocó frontalmente con el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) en tanto que Amnistía Internacional celebró la decisión de elevar el caso de México ante la Asamblea General de la ONU, una medida de urgencia que no tiene precedentes y que el Gobierno mexicano ha intentado descalificar.
«Reconocer avances no exime al Estado de atender las observaciones internacionales», sentenció Amnistía Internacional, recordando que hoy son más de 132 mil familias las que buscan a un ser querido en territorio nacional.
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A diferencia de la narrativa oficial, el análisis técnico del CED —respaldado por Amistía Internacional— concluyó tres puntos que ponen en entredicho la política de seguridad actual:
- Crímenes de Lesa Humanidad: Existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas se siguen perpetrando bajo esta categoría jurídica internacional.
- Ataques Sistemáticos: No son hechos aislados; son ofensivas dirigidas contra civiles en distintos puntos del país.
- Complicidad del Estado: El informe señala la existencia de políticas estatales u organizacionales donde autoridades municipales, estatales y federales actúan por complicidad o aquiescencia con el crimen organizado.
Mientras la CNDH tachó de «receta fallida» la oferta de apoyo financiero y forense de la ONU, Amnistía Internacional urgió al Estado mexicano a aceptar la cooperación técnica. La organización subrayó que las autoridades responsables en México siguen «sobrepasadas por la magnitud del crimen», desmintiendo así el optimismo institucional de la Comisión Nacional.
La activación del Artículo 34 de la Convención contra Desapariciones en abril de 2025 marcó un punto de no retorno. Lo que hoy vemos es una disputa por la narrativa: por un lado, un organismo nacional que revive el pasado de la «Guerra contra el Narco» para blindar el presente; y por otro, la comunidad internacional que señala que la herida sigue abierta y supurando.
¿Es la cerrazón de la CNDH un escudo para proteger instituciones o un abandono a las víctimas? La historia —y las 132 mil familias— juzgarán si la «soberanía» vale más que la verdad.
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