Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 4 de septiembre del 2026.-A unas horas de que el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza presumiera un gobierno de “orden, seguridad y cumplimiento de la palabra” durante su Quinto Informe de Gobierno, la radiografía financiera y social de su administración revela un abismo insalvable entre la retórica oficial y los datos duros. Mientras la narrativa del edil y el respaldo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván intentan vender una ciudad próspera e impecable, las cuentas públicas, la oposición y los hechos demuestran lo contrario: un municipio altamente endeudado, opacidad en el gasto, sobrecostos injustificados y obras de relumbrón hechas a la medida de intereses políticos y privados.
A continuación, contrastamos la versión oficial del 5to Informe con la realidad documentada de los últimos cinco años:
El mito de las finanzas sanas: Deuda millonaria e intereses que ahogan al erario
- Lo que dijo Bonilla:
El alcalde afirmó que ha cuidado el dinero de la ciudadanía, que su administración se distingue por la planeación y que los resultados hablan por un gobierno que cumple. Aseguró que su administración está lista para heredar un municipio con bases sólidas y exigió la aprobación de un nuevo crédito por 150 millones de pesos para la primera etapa del bulevar “Luis H. Álvarez” (Poniente 5).
- La realidad contrastada:
En cinco años, el gobierno de Bonilla ha contratado pasivos por un total de 1,095 millones de pesos. Lejos de justificarse por falta de recursos, esto ocurre pese a que el municipio acumuló ingresos excedentes históricos por 4,354 millones de pesos entre 2022 y 2025. Además, la carga crediticia le cuesta a los chihuahuenses casi 95 millones de pesos únicamente en intereses bancarios (pagados y por pagar a diciembre de 2026).
- El caso del nuevo bulevar:
La prisa de última hora por endeudar al municipio con 150 millones de pesos más —justo antes de pedir licencia en septiembre para buscar la gubernatura— no responde a una necesidad ciudadana, sino a un traje a la medida. El trazo de 3.2 kilómetros beneficiará directamente a los terrenos de la desarrolladora Corporación Técnica de Urbanismo (CTU), propiedad de Federico Elías Madero, conocido patrocinador de campañas del PAN, un proyecto que ni siquiera cuenta con la autorización de Semarnat, Profepa o Conagua.
La falacia del «recorte federal» y la caja con dinero oculto
Tanto el alcalde como la tesorera Amanda Córdova han insistido en culpar al Gobierno Federal de presuntos recortes presupuestales de entre 80 y 140 millones de pesos, utilizando esto como coartada para justificar la necesidad de nuevos empréstitos y culpar a la federación de frenar el desarrollo.
- La realidad contrastada:
Con documentos oficiales en la mano, regidores de oposición demostraron que durante el primer semestre de 2026 el municipio recibió 25 millones de pesos más en recursos federales en comparación con el año anterior. Además, se exhibió que la administración mantenía 585 millones de pesos en caja al cierre de ese periodo, recursos más que suficientes para fondear cualquier obra pública sin necesidad de hipotecar a la siguiente administración.
Obras caras, planeación fallida y sobrecostos monumentales
- Lo que dijo Bonilla:
Presumió una inversión superior a los 4,500 millones de pesos en infraestructura durante el quinquenio, destacando pasos superiores, pavimentación y soluciones viales para mejorar la movilidad de 600 mil personas.
- La realidad contrastada:
La planeación ha estado plagada de deficiencias graves que derivan en sobrecostos escandalosos:
- El fracaso del Relleno Sanitario: El crédito de 132 millones de pesos contratado en 2022 con Scotiabank colapsó tras la compra irregular de un terreno en Mápula por más de 31 millones de pesos y la subsecuente tormenta de 13 amparos por daño ambiental al Acuífero Villalba, obligando a reorientar los recursos.
- Los puentes sin proyectos ejecutivos: El paquete de 570 millones de pesos contratado en agosto de 2025 para tres obras viales carecía de proyectos ejecutivos iniciales, lo que provocó un sobrecosto inmediato de 191.5 millones de pesos (elevando el gasto total a más de 761 millones). Destaca el caso de la gaza en Teófilo Borunda y Periférico de la Juventud, cuyo costo inicial proyectado era de 217 millones y terminó escalando a un pago plurianual de 395 millones de pesos.
- Subejercicio y opacidad: Mientras se pide deuda para obras específicas, se documentó que dependencias como Servicios Públicos presupuestaron 140 millones de pesos para edificación no habitacional en 2025 y solo ejercieron 644 mil pesos en estudios, dejando el resto de los fondos en la opacidad.
Patrullas bajo renta: Negocio para unos, cero patrimonio para la ciudad
- Lo que presume el informe:
Una estrategia de seguridad robusta, patrullas conectadas a la Plataforma Escudo Chihuahua, helicóptero y una policía con la mayor confianza ciudadana en la última década.
- La realidad contrastada:
En materia de equipamiento policial, la administración optó por un esquema sumamente cuestionable: destinó 1,056 millones de pesos al arrendamiento plurianual de 300 patrullas (un promedio de 3.5 millones por unidad). A diferencia de otros municipios como Ciudad Juárez —que apostó por la compra directa de unidades para consolidar patrimonio público—, el esquema de Bonilla Mendoza implica que, al concluir los contratos, ni un solo vehículo se integra como patrimonio del municipio, dilapidando recursos públicos en rentas perpetuas. Además, al comparar métricas globales, la capital invirtió apenas 2,543 millones en infraestructura frente a los 5,720 millones de la frontera, registrando además un sobrecosto del 61% en la compra de luminarias locales.
La coartada de la gobernadora: El aval al derroche
- Lo que dijo María Eugenia Campos Galván:
Al respaldar el informe y la nueva solicitud de deuda de su co partidario, la gobernadora declaró públicamente: “La deuda no siempre es mala, siempre y cuando sepamos en dónde se invierte y para qué se genera esa deuda…”, intentando blindar el paso de su aliado político.
La defensa de la mandataria estatal carece de sustento moral cuando se analiza su propio historial financiero. En cinco años, la administración de Maru Campos incrementó la deuda pública estatal en un 32% (equivalente a 15,424 millones de pesos más que al cierre del sexenio anterior), sin que ese incremento se traduzca en la construcción de hospitales, nuevas escuelas o una red digna de transporte masivo como el BRT, operando bajo los mismos estándares de opacidad y endeudamiento que ahora heredan a los chihuahuenses.
En conclusión el 5to Informe de Marco Bonilla Mendoza se reduce a un ejercicio de maquillaje político y propaganda institucional. Las cifras triunfalistas sobre empleos y obra pública palidecen frente al saldo real de su administración: un Chihuahua con mil 95 millones de pesos en pasivos bancarios, 95 millones tirados en intereses, un manejo discrecional del gasto que privilegió la renta de patrullas sobre el patrimonio municipal, y un último intento desesperado por endeudar a la ciudad para favorecer a sus patrocinadores de campaña antes de abandonar el cargo. La narrativa del «gobierno que cumple» se derrumba cuando los datos demuestran que el verdadero costo de su gestión lo seguirán pagando los ciudadanos en los años por venir.
Y para cerrar con broche de oro, un alcalde que omitió olímpicamente rendir cuentas sobre a cuántos municipios se dio el lujo de turistear a costa del erario mientras arrancaba su campaña anticipada, las unidades que anduvo regalando por el estado para apuntalar su proyección, y el pequeño gran detalle de por qué sigue atornillado a la silla de Palacio Municipal sin pedir licencia, a pesar de operar ya abiertamente como el «coordinador» de la defensa panista y el delfín oficial a la gubernatura; en pocas palabras, el candidato de Estado que usa la capital como plataforma personal mientras evita dar la cara por sus pendientes.
