Por: La Redacción.
Parral, Chih., a 5 de octubre del 2026.- La crisis por el manejo del agua potable en Hidalgo del Parral sumó un nuevo capítulo de confrontación entre el Poder Legislativo y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS). Pese a haber aceptado públicamente el reto, el titular del organismo operador no se presentó al recorrido convocado por la diputada Alma Portillo para verificar en territorio la existencia de decenas de fugas activas y zanjas inconclusas que afectan a diversos sectores de la ciudad.
El encuentro, programado para iniciar en la colonia Che Guevara, buscaba constatar de primera mano las denuncias acumuladas por vecinos que enfrentan un doble problema: el desabasto diario en sus tomas domiciliarias y el desperdicio de miles de litros de agua en las calles por falta de reparación oportuna.
La ausencia del funcionario fue justificada de forma posterior bajo el argumento de que las redes sociales no constituían «la vía adecuada» para la convocatoria. La postura fue calificada como contradictoria por la legisladora, quien evidenció que el propio organismo ha utilizado esas mismas plataformas digitales para responder a los cuestionamientos públicos e invitar a reuniones a puerta cerrada en sus oficinas.
«Le he dicho con mucha claridad que la realidad de Parral no está en una oficina. Está en las colonias, en las calles donde se desperdiciarla agua mientras hay familias que no tienen una sola gota en sus casas», enfatizó Portillo, señalando que la evasiva del titular evidencia un distanciamiento con las demandas prioritarias de la población.
El conflicto deja al descubierto una dinámica operativa deficiente dentro del organismo descentralizado:
La documentación de casos por parte de los ciudadanos demuestra que la JMAS actúa de manera reactiva únicamente cuando las fugas o las obras inconclusas son expuestas públicamente en medios o redes, obligando a la fiscalización externa para ejecutar labores ordinarias de mantenimiento.
La problemática excede la pérdida del recurso hídrico; las excavaciones realizadas por la Junta suelen quedar abiertas o mal rellenadas durante semanas o meses, deteriorando el tránsito y generando riesgos para automovilistas y peatones.
Ante la falta de respuesta técnica, la estrategia ciudadana ha migrado hacia el terreno legal, logrando amparos que obligan judicialmente al organismo a garantizar el derecho humano al agua en sectores donde el suministro es intermitente o nulo.
La negativa a recorrer las calles de Parral deja al descubierto la falta de disposición del organismo estatal para confrontar el estado real de la red de distribución. Ante este escenario, la representación legislativa anunció que mantendrá los recorridos de fiscalización y elevará el nivel de las medidas legales y políticas para forzar a la JMAS a asumir su responsabilidad operativa.
