Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 23 de mayo del 2026.- En un movimiento que parece diseñado para contrarrestar la narrativa de «persecución política» expresada por la gobernadora panista, María Eugenia Campos Galván, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió este sábado un comunicado oficial en el que confirma el avance de sus indagatorias contra altos mandos políticos tanto en Chihuahua como Sinaloa.
La dependencia federal anunció el citatorio a comparecer de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y del ex Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, en relación con los hechos ocurridos en la comunidad de El Pinal, municipio de Guerrero, el pasado mes de abril. Simultáneamente, informó que diez ciudadanos sinaloenses —incluyendo al gobernador morenista con licencia Rubén Rocha Moya— han sido requeridos para rendir entrevista ante el Ministerio Público Federal, por las acusaciones de EUA por presuntos vínculos con el “Cartel de Sinaloa”.
Es evidente que la respuesta de la FGR no es casual. El anuncio ocurre apenas unas horas después de que la gobernadora de Chihuahua fuera abordada en Palacio de Gobierno por agentes federales para entregarle un citatorio a rendir su declaración con respecto a los hechos ocurridos en El Pinal.
Tras recibir el citatorio, Campos Galván denunció ante medios de comunicación que permanecen haciendo guardia en Palacio de Gobierno que la entrega de este citatorio por parte de la FGR correspondía a un trato diferenciado, por lo que cuestionó por qué ella —una gobernadora en funciones— es requerida con celeridad, mientras que el caso de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, a pesar de los señalamientos internacionales por presuntos vínculos con el crimen organizado, permanecía en un terreno de aparente inacción.
La FGR, al integrar ambos casos en un mismo boletín, no solo busca proyectar una imagen de equidad, sino que el mensaje subyacente es claro: la Fiscalía intenta equilibrar la balanza para evitar el costo político que implica ser señalada de actuar bajo consigna o por filias partidistas, principalmente porque los tiempos electorales para la sucesión de la gobernatura se encuentra a la vuelta de la esquina.
En el caso de Chihuahua, la FGR ha precisado que el llamado a la gobernadora es en calidad de testigo para esclarecer la cadena de mando del operativo en El Pinal. Sin embargo, para la administración estatal, este movimiento ha sido calificado con “tintes políticos” bajo la premisa de una estrategia de desgaste contra Campos Galván quien se ha declarado como “perseguida política”.
La gobernadora, quien ya confirmó que acudirá al llamado porque «siempre ha dado la cara», ha logrado convertir un acto judicial en un escenario de defensa política. Al señalar la falta de rigor hacia otras entidades, ha logrado colocar a la FGR en una posición defensiva, obligándola a hacer pública su agenda de trabajo para no perder el control de la narrativa.
La FGR insiste en que actúa bajo el estricto cumplimiento del debido proceso. No obstante, la opinión pública y los observadores políticos coinciden en que la rapidez con la que se «emparejaron» los citatorios tras la queja de la gobernadora, deja entrever que la Fiscalía está más preocupada por la percepción de imparcialidad que por la celeridad de las investigaciones.
Para el sistema de justicia federal, el desafío es mayúsculo. Si estas comparecencias no derivan en resultados concretos, el costo para la institución será alto: quedará atrapada en un fuego cruzado donde ambos gobernadores —de signos políticos opuestos— la acusan de ser un instrumento de ajuste de cuentas con tintes político-electorales.
