Por: Redacción
Ciudad de México, a 12 de julio de 2026. – A pesar de que el proceso electoral 2026-2027 iniciará formalmente hasta la primera semana de septiembre, el panorama político nacional ya se encuentra inmerso en una carrera adelantada. Los partidos políticos han puesto en marcha procesos de selección interna, tanto formales como informales, en un fenómeno denominado en la jerga partidista como “pre-pre-precampaña”, el cual ocurre sin una regulación clara en la Constitución o en la ley.
Esta actividad se desarrolla bajo el amparo de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitida en 2023. En aquel momento, la sala superior determinó que los “procesos políticos partidistas inéditos” no eran ilegítimos, argumentando, en voz del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que es válido que los partidos apliquen filtros para valorar a sus liderazgos.
Sin embargo, esta interpretación ha generado una zona gris que los actores políticos explotan para posicionarse meses antes de los plazos legales. Mientras los partidos aprovechan la falta de una normativa expresa, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Castillo Loza, ha insistido en la necesidad de implementar un marco regulatorio más robusto. El objetivo, señala el consejero, es que el INE actúe como árbitro en un juego que, en la práctica, ya comenzó.
La urgencia del consejero Castillo Loza radica en la posibilidad de fiscalizar gastos y sancionar actos anticipados que podrían afectar la equidad de la contienda. Entre las propuestas destaca que, si se acreditan actos anticipados, los gastos realizados se sumen a los topes de campaña oficiales, además de prohibir el uso de prerrogativas de radio y televisión en estos procesos, restringiendo los mensajes exclusivamente a la militancia.
La magnitud del fenómeno es evidente en los datos del propio instituto:
- Al 4 de julio, se reportó propaganda impresa y digital en 27 entidades federativas.
- Se han contabilizado al menos 11 entrevistas en medios nacionales donde aspirantes manifiestan sus intenciones políticas.
- En 17 entidades, 54 funcionarios han renunciado o solicitado licencia a sus cargos.
La inacción legislativa ha trasladado la presión a las autoridades electorales. A la fecha, se han presentado 437 quejas o denuncias en 23 estados, sumadas a una denuncia de hechos interpuesta por una vocalía ejecutiva del INE. Ante este escenario, se han dictado 29 medidas cautelares en 11 entidades, mientras que en 15 estados persisten reclamos por la supuesta inacción de las autoridades electorales ante estas actividades anticipadas.
El consejero Castillo Loza aclaró que el INE no pretende legislar, sino cumplir con el mandato del TEPJF de 2023, que obliga al instituto a proteger la igualdad en la contienda, incluso ante la ausencia de una regulación expresa que los legisladores han sido incapaces de establecer.
