
Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 18 de noviembre del 2026.- La crisis humanitaria del desplazamiento forzado interno en la Sierra Tarahumara trascendió nuevamente las fronteras nacionales tras la visita de la eurodiputada Diana Riba i Giner y la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México–Unión Europea a comunidades de Baborigame y Guadalupe y Calvo. En el balance de la jornada, la Misión Civil de Observación (MCO) lanzó un enérgico reclamo al Estado mexicano: las despensas y la atención inmediata no bastan cuando miles de personas siguen despojadas de su tierra, su identidad y su proyecto de vida.
Durante décadas, pueblos y comunidades indígenas de Chihuahua han resistido no solo el avance de la violencia armada que los expulsó de sus hogares, sino también una segunda forma de violencia institucional: la negación oficialista, la criminalización y el abandono presupuestal.
En su posicionamiento, las organizaciones civiles que acompañan a las víctimas reconocieron que los tres niveles de gobierno han brindado atención humanitaria urgente; sin embargo, advirtieron que contabilizar entregas de ayuda inmediata dista mucho de cumplir con el mandato constitucional de proteger la vida y la dignidad de las personas.
De acuerdo con la MCO, el Estado mexicano carece por completo de una estructura legal y financiera sólida para ofrecer soluciones duraderas a mediano y largo plazo, arrastrando omisiones graves en rubros indispensables:
Ausencia de un censo confiable que dimensione con precisión el universo real de personas desplazadas.
Falta de presupuestos públicos etiquetados y leyes armonizadas para la reparación integral del daño.
Impunidad persistente, ante la carencia de investigaciones penales efectivas y la falta de pacificación real en las regiones serranas.
Imposibilidad de retorno, pues no existen garantías de seguridad ni restitución de territorios ancestrales y bienes naturales comunitarios.
El documento subraya una realidad dolorosa que suele quedar oculta detrás de los informes oficiales: hay familias chihuahuenses que llevan más de diez años exigiendo justicia sin importar el color partidista en el poder, sosteniendo su dignidad frente a la indiferencia burocrática. Bajo los estándares internacionales, recordaron las organizaciones, una persona no deja de ser desplazada hasta que se restituyen sus condiciones dignas de vida.
Asimismo, frente al panorama político y electoral en Chihuahua y en el país, la MCO exigió que la tragedia de las personas desplazadas no sea utilizada como botín político ni reducida a una «exposición mediática selectiva», demandando coordinación real entre los gobiernos municipal, estatal y federal.
La visita de Diana Riba i Giner —activista por los derechos civiles e integrante del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo— representa un ejercicio de diplomacia ciudadana impulsado por la resistencia de las propias comunidades y respaldado por 16 redes nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellas la Red TDT, Brigadas Internacionales de Paz, SIPAZ, Tlachinollan y la Organización Mundial contra la Tortura.
Para las familias serranas que lo perdieron todo menos la memoria, la presencia internacional abre una ventana de visibilidad y exigencia para que el Estado mexicano deje de administrar la emergencia y comience, finalmente, a construir condiciones de paz y retorno seguro.






