Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 20 de octubre del 2026.- Con una frase contundente orientada directamente al impacto público, el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, lanzó una dura recriminación a las autoridades judiciales y ministeriales durante su audiencia de formulación de imputación: “Me he preguntado si no se estarán carcajeando los narcotraficantes que sufrieron el daño de ver afectados sus intereses”.
Durante su exposición ante el juez, Jáuregui Moreno recurrió a una narrativa retórica e indignada para cuestionar el trasfondo del proceso penal que enfrenta por la presunta intervención de agentes extranjeros en el operativo del penal de El Pinal. A su juicio, la persecución penal en contra de exservidores públicos termina por cumplir, de manera indirecta, los objetivos de los propios grupos delictivos.
“Deben estar, cuando menos, contentos de ver lo que está ocurriendo con la actuación de las autoridades. Quizás su venganza —y lo que hubieran querido hacer en contra de muchos funcionarios por una cuestión de observancia de la ley— lo esté haciendo la propia autoridad”, recriminó el exfuncionario.
En su alocución, el exfiscal contrapuso el riesgo y las bajas sufridas por las fuerzas de seguridad durante los despliegues contra el crimen organizado frente a las consecuencias legales que hoy enfrentan los mandos encargados de ejecutarlos.
Para ilustrar lo que definió como un «debate subyacente» en este tipo de causas penales, Jáuregui planteó el caso de un comandante fallecido en el cumplimiento del deber durante la desarticulación de un laboratorio de drogas:
“¿Qué hubiese pasado si el comandante hubiese sobrevivido al accidente? ¿Lo hubiéramos sacado del hospital para meterlo a la cárcel? Esas son las cosas que están en el debate subyacente de asuntos de este tipo”, cuestionó.
Desde una perspectiva analítica, el uso de metáforas dramáticas por parte de la defensa cumple una doble función en el ámbito judicial y mediático esto al introducir la figura del crimen organizado «vengándose» a través de las instituciones, el imputado busca deslegitimar la causa penal, presentándola no como un acto neutral de procuración de justicia, sino como una distorsión institucional que favorece a los delincuentes.
La estrategia traslada la discusión desde los aspectos técnicos de la investigación —donde la Fiscalía analiza presuntas omisiones o violaciones a la soberanía nacional— hacia un terreno ético y político sobre los costos de combatir al narcotráfico.
Aunque la retórica del exfiscal busca fijar el relato de que el Estado actúa en perjuicio de sus propios agentes, en el estrado la Fiscalía General del Estado insiste en que el proceso no juzga el combate a la delincuencia en sí, sino el estricto apego a la Constitución y los límites legales que rigen la actuación de las autoridades frente a personal o agencias extranjeras.
Será el tribunal quien determine si los señalamientos de la Fiscalía constituyen una aplicación rigurosa de la ley o si, como sostiene la defensa, el expediente se alimenta de un trasfondo político con efectos colaterales para las instituciones de seguridad.
