Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 13 de octubre del 2026.- Aunque la ley prohíbe las bodas infantiles, la «cohabitación forzada» perpetúa el abuso impune en entornos urbanos y rurales; la diputada Jael Argüelles Diaz adviertió que tipificar el delito será letra muerta sin presupuesto ni protocolos de acción.
La prohibición legal del matrimonio infantil en México no ha logrado frenar una cruda realidad que arrebata la infancia a miles de niñas en Chihuahua. Bajo la figura informal de la «cohabitación forzada», adultos continúan conviviendo y abusando sexualmente de menores de edad con la complacencia de sus entornos, provocando secuelas físicas, emocionales y de salud pública equiparables a la explotación sistemática, así lo alertó la diputada local por Morena, Jael Argüelles Díaz, quien al exponer las alarmantes cifras de maternidad infantil que sitúan a la entidad entre los focos rojos a nivel nacional.
Durante su intervención, la legisladora recordó que en 2024 la entidad registró a las dos madres más jóvenes de todo el país: dos niñas de apenas 11 años de edad, una radicada en Ciudad Juárez y otra en Hidalgo del Parral.
El balance anual reveló un acumulado de 3,114 madres menores de 18 años en el estado. De ese total, 1,228 casos correspondieron a niñas menores de 14 años, una condición que, enfatizó Argüelles Díaz, debe catalogarse sin ambigüedades como delito de violación.
«Ya estamos hablando de violación, porque una niña es incapaz de consentir», aseveró la diputada, al subrayar que la falta de madurez biológica y psicológica imposibilita cualquier noción de voluntad en estas Uniones.
Para los periodos recientes, las proyecciones y registros mantienen a Chihuahua en una posición crítica: ocupa el cuarto lugar nacional en embarazo infantil y adolescente, situándose únicamente por detrás de entidades con históricos rezagos sociales como Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Frente a la creencia común de que estas prácticas se delimitan exclusivamente a comunidades indígenas o zonas rurales bajo la justificación de «usos y costumbres», los datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) confirman que el fenómeno se ha extendido y consolidado en contextos urbanos y periféricos de las principales ciudades del estado.
Si bien el Congreso del Estado ha avanzado en el reconocimiento legal e inclusión de la cohabitación forzada dentro del Código Penal de Chihuahua para sancionar a quienes obliguen o permitan que una menor conviva en pareja con un adulto, el marco normativo resulta insuficiente por sí solo.
Argüelles Díaz advirtió que el principal obstáculo radicará en la implementación práctica de la ley. Sin la asignación de recursos presupuestales específicos y sin el diseño de protocolos de actuación interinstitucionales, las autoridades ministeriales, policiacas y de asistencia social carecerán de las herramientas para detectar, intervenir y proteger oportunamente a las víctimas.
El diagnóstico presentado por la legisladora pone de manifiesto que la protección de la niñez en Chihuahua atraviesa por una severa falla de origen:
Las más de 1,200 gestaciones en menores de 14 años representan igual número de delitos de violación que ocurrieron a la vista de planteles educativos, centros de salud y comunidades, sin que existieran mecanismos de alerta temprana.
La aprobación de reformas punitivas corre el riesgo de convertirse en un discurso de simulación legislativa si el Poder Ejecutivo no destina partidas financieras destinadas a refugios, atención psicológica integral y fiscalías especializadas.
Mientras que la erradicación de la cohabitación forzada exige desmantelar la tolerancia social en las zonas urbanas, donde el abuso hacia adolescentes continúa justificándose bajo la complacencia familiar o la vulnerabilidad económica.
