Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 13 de octubre del 2026.- La provincia de Condorcanqui, en el Amazonas peruano, se ha convertido en el escenario de una grave crisis humanitaria que combina el abuso sistemático de menores, una epidemia de contagios de VIH y un preocupante aumento en los intentos de suicidio entre adolescentes de las comunidades wampis y awajún. Así lo denunció una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), adscrita a la OEA, tras constatar la magnitud de una problemática estructural largamente ignorada por el Estado peruano.
Desde 2014 se han contabilizado cerca de 1,000 denuncias (con estimaciones que apuntan hasta 1,400 casos) relacionadas con abusos sexuales a menores, tocamientos y violencia de género en esta región habitada por unos 70,000 miembros de comunidades indígenas.
Una de las principales alertas fue emitida en 2024 por la Defensoría del Pueblo, al documentar al menos 500 casos de acoso y abuso sexual dentro de los centros educativos. De los cerca de 170 profesores acusados, la mayoría no ha sido procesada; muchos fueron absueltos o simplemente trasladados por las autoridades locales para evadir la justicia ordinaria.
Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis, denunció que las comunidades están solas, ya que el sistema judicial argumenta falta de presupuesto para atender e investigar las denuncias, mientras que los jueces rara vez tienen presencia permanente en la zona.
Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Perú, Janet Tello, ha señalado ante el Congreso que el poder judicial cuenta únicamente con el 19% del presupuesto necesario para enfrentar los flagelos criminales en todo el país.
El impacto de la violencia sexual ha trascendido los estrados judiciales para convertirse en una catástrofe de salud pública. Según las observaciones del Mesecvi, se han registrado casos de niñas de entre 3 y 4 años contagiadas de VIH a través de agresiones sexuales, además de familias enteras afectadas que carecen de atención médica oportuna.
Los datos del Ministerio de Salud indican que entre 2014 y 2026 se han reportado 190 casos de VIH en personas de 14 a 19 años en estas comunidades, con una prevalencia regional seis veces mayor que en el resto del país. Sin embargo, activistas advierten que la cifra real es considerablemente mayor debido a la falta de recursos para realizar diagnósticos.
A esto se suma una devastadora crisis de salud mental evidenciada por múltiples intentos de suicidio en menores de edad que han sido víctimas de violación, una situación calificada por los expertos como sumamente delicada y urgente de atender.
Ante este panorama, organizaciones comunitarias e internacionales exigen al gobierno peruano:
- Incremento presupuestal: Dotar de recursos suficientes al sistema de justicia para procesar a los agresores y erradicar la impunidad.
- Infraestructura de protección: La construcción de albergues sostenibles y especializados para brindar atención integral a las víctimas, evitando la revictimización y el desarraigo lingüístico y cultural.
Si bien el Ministerio de la Mujer de Perú ha señalado que se realizan mesas de trabajo para consolidar una respuesta articulada del Estado, la exigencia de las comunidades awajún y wampis sigue siendo contundente: frenar la normalización de la violencia y garantizar que la justicia llegue a los rincones más alejados de la Amazonía.
