Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 23 de mayo del 2026.- La presidenta estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados De la Rosa, se sumó a la escalada de declaraciones tras el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) a la gobernadora María Eugenia Campos Galván. La dirigente guinda fue tajante: el llamado a comparecer no es un acto político, sino una obligación constitucional que busca esclarecer la presunta intervención de agentes extranjeros en territorio mexicano.
El reclamo de Morena tiene un eje central: el operativo ocurrido el pasado 19 de abril en la Sierra del Pinal. Granados De la Rosa recordó que, más allá de las interpretaciones partidistas, existe una duda ciudadana sobre la «cadena de mando» y la participación de extranjeros en labores de seguridad en suelo nacional.
«La soberanía y la defensa de México no se prestan a interpretaciones. El pueblo de Chihuahua tiene derecho a conocer la verdad» sentenció la dirigente.
Aunque la FGR ha precisado que la gobernadora fue requerida en calidad de testigo, la lectura política de Morena es clara: la comparecencia es una herramienta indispensable para que el Ministerio Público Federal pueda desentrañar los hechos. Por lo que hizo un llamado a la transparencia, exigiendo que la administración estatal deje de ver el procedimiento judicial como una persecución y comience a verlo como una obligación de rendición de cuentas.
Con este posicionamiento, el partido en el poder busca poner la pelota en la cancha de la gobernadora, instalando la idea de que «quien nada debe, nada teme». Granados De la Rosa enfatizó que Morena se mantendrá como observador crítico del proceso, confiando en que la FGR actúe con estricto apego a la legalidad y que los resultados se entreguen con la celeridad que el caso exige.
Para la dirigencia de Morena, este es el momento de las explicaciones. Mientras la gobernadora ha denunciado ser blanco de un ataque político, desde la oposición estatal ven este citatorio como el inicio de un proceso necesario para proteger la soberanía y aclarar los protocolos de seguridad que se siguieron en los eventos de abril.
