Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 13 de octubre del 2026.- Mientras la dirigencia municipal sesionaba a puerta cerrada para abordar alianzas y la candidatura a la alcaldía de Chihuahua capital, militantes y simpatizantes se manifestaron al exterior denunciando imposiciones, cerrazón en el padrón y falta de democracia interna.
La definición de las alianzas políticas y la ruta para la candidatura a la presidencia municipal de Chihuahua capital encendieron los focos rojos al interior del Partido Acción Nacional (PAN). Una sesión a puerta cerrada del Comité Directivo Municipal se vio empañada por manifestaciones de militantes y simpatizantes que denunciaron intentos de «dedazo» e imposición institucional.
El encuentro, encabezado por el dirigente municipal César Komaba Quezada, se desarrolló bajo un hermetismo absoluto hacia la prensa y la ciudadanía general, en un contexto donde la pugna por la designación de la candidatura capitalina comienza a tensar las estructuras internas del albiazul.
Mientras al interior del recinto se discutía el orden del día —el cual incluyó la posibilidad de abordar formalmente la candidatura por la alcaldía de Chihuahua—, a las afueras de la sede panista un grupo de manifestantes con camisetas con las leyendas «Que hable el PAN» y «Que hable la democracia« hizo sentir su rechazo a las decisiones cupulares.
Los inconformes enfocaron su protesta en el rechazo a la eventual postulación de Santiago de la Peña Grajeda, actual Secretario General de Gobierno, al calificar su posible designación como una imposición que vulnera los estatutos y la tradición democrática del partido.
Además de exigir reglas claras y equitativas antes de concretar cualquier acuerdo de alianza electoral, los manifestantes denunciaron bloqueos institucionales al asegurar que se les ha impedido registrarse formalmente como militantes, a pesar de contar con el derecho estatutario para hacerlo.
Por su parte, el vocero municipal del PAN, Jorge Soto Prieto, confirmó previamente que entre los puntos a discutir en la mesa de diálogo no se descartaba tocar el tema de la candidatura a la alcaldía de la capital, lo que avivó las sospechas de los inconformes sobre acuerdos tomados al margen de la base.
Aunque los manifestantes rechazaron responder a intereses de grupos de poder o aspirantes específicos y negaron ser enviados por algún liderazgo panista, mantuvieron una postura de renuencia a mostrar sus rostros ante los medios de comunicación, lo que añade un matiz de desconfianza sobre el origen y la representatividad real de la protesta.
El episodio registrado en el PAN Municipal expone las grietas operativas y políticas que enfrenta el blanquiazul en Chihuahua de cara al proceso electoral y en donde la sombra de la imposición que sale a la luz con la sola mención de un “dedazo” a favor de Santiago de la Peña Grajeda refleja el descontento de un sector de la base que percibe una cargada institucional desde el Gobierno del Estado para definir la plaza más importante del panismo en la entidad a favor de un expriista.
La indignación de la base albiazul no es fortuita ni obedece a meros jaloneos de coyuntura: el rechazo a la figura de Santiago de la Peña Grajeda se fundamenta en su indiscutible trayectoria dentro del PRI y sus vínculos con el entramado político del duartismo. Como exsecretario del Ayuntamiento durante la administración municipal del priista Javier Garfio Pacheco —quien fuera secretario de Obras Públicas en el sexenio de César Duarte Jáquez y posteriormente sentenciado por peculado.
De la Peña Grajeda encarna para la militancia tradicional el rostro del viejo régimen. Para el panismo orgánico, su posible imposición desde el Ejecutivo estatal para abanderar la alcaldía capitalina no solo representa una afrenta a la doctrina histórica del partido, sino la confirmación de un pacto de cúpulas que entrega las candidaturas más codiciadas a perfiles ajenos a la identidad blanquiazul.La denuncia sobre la cerrazón en el padrón de militantes evidencia una práctica recurrente de contención interna, donde las dirigencias priorizan el control del voto orgánico sobre la apertura democrática.
