Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 4 de octubre del 2025.- La diputada local por el PAN, Xóchitl Contreras Herrera presentó una propuesta de reforma al Código Penal del Estado de Chihuahua con el objetivo de proteger a los menores de edad de ser utilizados en actividades delictivas.

Con esta reforma se busca que la participación de niñas, niños y adolescentes en delitos se considere una circunstancia agravante en los casos de lesiones y homicidio, lo cual incrementaría las penas para los adultos responsables.

Contreras Herrera afirmó que el propósito principal de esta medida es impedir que los criminales sigan explotando la inocencia y vulnerabilidad de los menores para involucrarlos en actividades ilícitas.

“No podemos permitir que sigan arrebatando el futuro de nuestros hijos, es nuestra responsabilidad como Estado y como sociedad protegerlos”, expresó en tribuna la legisladora.

Esta propuesta surge en respuesta a una situación preocupante. En 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que 32 mil 852 adolescentes fueron imputados por la presunta comisión de un delito, marcando un incremento del 42.2 % en apenas dos años. Chihuahua es uno de los estados más afectados, con aproximadamente mil 801 adolescentes involucrados, situándose entre las seis entidades que concentran más de la mitad de estos casos a nivel nacional.

Los delitos más frecuentes en los que se ven involucrados menores incluyen:

– Lesiones (24.8 %)

– Robo (15.2 %)

– Amenazas (9.4 %)

– Abuso sexual (9 %)

– Narcomenudeo (8.4 %)

Diversas organizaciones civiles, como Red por los Derechos de la Infancia en México y Reinserta, han señalado que más de 36 mil menores han sido reclutados por la delincuencia organizada, lo que los obliga a normalizar la violencia, abandonar la escuela y enfrentar daños psicológicos irreparables.

Actualmente, el Código Penal del Estado solo considera como agravante el uso de menores de 12 años en delitos de homicidio y lesiones. La reforma propuesta por la diputada panista busca extender esta protección a todos los menores de 18 años. Esto significaría que los adultos que involucren a menores en delitos podrían enfrentar penas de hasta 70 años de prisión.

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