Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 28 de enero del 2026.- Organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes han expresado su indignación y exigido la destitución de Francisco Garduño Yáñez, quien fue nombrado como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Este nombramiento ha generado polémica debido a su historial y a los cargos pendientes por ejercicio ilegal del servicio público relacionados con un trágico incendio en una estancia migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, que ocurrió el 27 de marzo de 2023. Este evento resultó en la muerte de 40 migrantes y lesiones graves a otros 27.
Las organizaciones, agrupadas en el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, han calificado la integración de Garduño al gabinete de Sheinbaum como un acto que perpetúa la impunidad histórica en México ante graves violaciones a los derechos humanos. En sus declaraciones, han señalado que esta designación es vista como una «recompensa a la falta de rendición de cuentas», y que la ausencia de explicaciones claras al respecto alimenta la percepción de protección política.
El nombramiento ha sido descrito como una burla para las víctimas y sus familias, quienes aún esperan justicia. Las organizaciones enfatizan que este tipo de decisiones profundizan el dolor y consolidan la desconfianza en un Estado que, mediante la opacidad y el silencio institucional, incumple con sus obligaciones. Además, advierten que este caso sienta un peligroso precedente y puede generar condiciones para que hechos similares continúen sucediendo, al normalizar el olvido institucional frente a tragedias no resueltas.
Las organizaciones exigen la revocación inmediata del nombramiento de Francisco Garduño Yáñez y solicitan que se transparenten los criterios de selección para los cargos directivos en la administración pública. También demandan justicia integral para las víctimas y sobrevivientes del incendio en Ciudad Juárez, cumpliendo plenamente con las medidas de reparación ordenadas.
Entre las organizaciones que han firmado el pronunciamiento se encuentran:
– American Friends Service Committee
– Apostólicas del Corazón de Jesús
– Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa
– Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova
– Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello
– Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante
– La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes
– Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana
– Red Jesuita con Migrantes
– Servicio Jesuita a Refugiados
– Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes
Estas organizaciones, dedicadas principalmente a la protección y defensa de los derechos de las personas migrantes, insisten en que se ponga fin a la práctica de premiar con cargos públicos a funcionarios acusados de graves violaciones a los derechos humanos.
