Por: La Redacción.
Tijuana, B.C., a. 12 de septiembre del 2026.- Como parte de la estrategia binacional de cooperación con Estados Unidos denominada “Águila Alta”, el gobierno federal desplegó a unos 800 elementos militares en la franja fronteriza ubicada entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California, particularmente en las inmediaciones de Mesa de Otay. El operativo, enfocado en detectar e inhibir el uso de vehículos aéreos no tripulados por parte de la delincuencia organizada, busca frenar el empleo de estos dispositivos en actividades de tráfico de personas y drogas.
De acuerdo con los detalles informados por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, el despliegue abarca una extensión territorial de aproximadamente cinco kilómetros de longitud por 500 metros de profundidad. Los efectivos federales se encuentran equipados con sistemas antidrones móviles y semifijos, los cuales poseen un radio de inhibición de aproximadamente tres kilómetros.
La operación se ejecuta en dos etapas coordinadas: una primera fase centrada en la detección y seguimiento, y una segunda fase —activa del 7 al 21 de septiembre— orientada a la neutralización tecnológica de los aparatos.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que los dispositivos detectados en esta zona limítrofe corresponden principalmente a aparatos de carácter comercial utilizados para labores de vigilancia, descartando por el momento que se trate de artefactos armados. Esta perspectiva fue respaldada por el secretario de la Defensa, quien estableció una diferencia operativa sustancial frente a otras regiones del país como Michoacán o Sinaloa, donde los grupos criminales emplean drones artillados o con explosivos.
A pesar de la magnitud del despliegue tecnológico y militar, el propio titular de la Sedena reconoció una limitante crítica en el arranque de la estrategia: hasta el momento no se han registrado resultados tangibles del lado mexicano como producto del operativo.
Ante la falta de aseguramientos o afectaciones directas a las redes criminales en territorio nacional, las autoridades mexicanas prevén sostener reuniones de trabajo con sus contrapartes estadounidenses para contrastar información y evaluar los impactos reales obtenidos en ambos lados de la frontera.
El despliegue de los 800 elementos expone los retos de la coordinación tecnológica transfronteriza, donde la respuesta institucional busca adaptarse a las nuevas tácticas de vigilancia del narcotráfico y el tráfico de migrantes, enfrentando al mismo tiempo la presión por ofrecer resultados efectivos más allá de la presencia disuasiva en el terreno.
