Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 9 de enero del 2025.- El despacho Schütte y Delsol Abogados, quien encabeza la defensa jurídica del senador Javier Corral, informó que el Tribunal federal ordenó a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y a un Juez de Control desistirse del presunto caso de peculado contra el senador Javier Corral Jurado y remitir los expedientes a la Fiscalía General de la República, que solicitó la facultad de atracción.
La resolución permitirá que las autoridades federales analicen las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a derecho, los señalamientos realizados por el fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín.
“Informamos que el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Adminitrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado que se le imputa al exgobernador y actual senador Javier Corral Jurado y su exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Velez”, informó a través de un comunicado de prensa la defensa del exmandatario.
Esto ocurrió después de que la defensa solicitara a la FGR ejercer su facultad de atracción en el asunto. La solicitud se sustentó en diversos y sólidos fundamentos legales, pero sobre todo, en que los fines constitucionales del proceso penal, y los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y la reparación del dañ, no se iban a cumplir en Chihuahua, en donde ni siquiera se había permitido a los imputados presentar pruebas y argumentos.
La compentencia federal se buscó para tener un tribunal que los escuche, para que una autoridad les permita defenderse, y para que el asunto se resuelva conforme a Derecho.
La FGR determinó ejercer la facultad de atracción y dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación también consideraron que la competencia era federal. Después de muchas horas de audiencias, alegatos y pruebas de las partes, se ordenó a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y al Juez de Control local desistirse del conocimiento del asunto y remitir los expedientes. Hoy el Tribunal Colegiado confirma este criterio.
Ahora las autoridades federales estarán en condiciones de analizar las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho. Confiamos en que constararán la absoluta inocencia del senador Javier Corral Jurado frente a las injustas acusaciones de las autoridades de Chihuahua.
De acuerdo con el despacho Schütte y Delsol Abogados la decisión del tribuna será también la base para desenmascarar la brutal fabricación de un delito a quien encabezó uno de los mayores esfuerzos en el país en contra la corrupción política.
“Como lo hemos denunciado ante propia FGR, que al día de hoy investiga las múltiples violaciones legales y de derechos humanos cometidas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y otros funcionarios estatales”, cita el comunicado de prensa.
Es decir que la decisión del tribunal federal exhibe sin duda exhibe la persecusión política de la que ha sido víctima el exmandatario y ahora senador Javier Corral Jurado quien durante su quinquenio desplegó la Operación Justicia para Chihuahua con la cual no solo pudo frente al juez a políticos, empresarios y funcionarios públicos que participaron en desvió de recursos en perjuicio del erario público sino que recupero cerca de mil 359 millones de pesos.
Este monto fue el resultado de una estrategia que combinó las vías penal, fiscal y administrativa para resarcir el daño causado al erario por la red de corrupción del exgobernador César Duarte.
De acuerdo con los datos finales de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua al cierre de ese sexenio, el dinero se obtuvo de la siguiente manera:
Vía Fiscal ascendió a los 656 millones de pesos, cifra que representó el 92% del éxito financiero de la operación, la cual se logró mediante 151 auditorías a «beneficiarios reales» y empresas fantasma, aplicando créditos fiscales y multas por evasión.
Vía Penal ascendió a los 54.7 millones de pesos, dinero recuperado en efectivo directamente por concepto de reparación del daño dictaminado en sentencias condenatorias.
Multas y otros ingresos un1.1 millones de pesos correspondientes a pagos administrativos derivados de las sanciones a exfuncionarios.
Recursos Virtuales e Incentivos: Además del efectivo, se integraron cerca de 577 millones de pesos provenientes del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), que son incentivos que el SAT otorga al estado por detectar evasiones fiscales.
Con la recuperación de estos recursos, Corral Jurado creo el «Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua» con la finalidad de que el dinero recuperado no se diluyera en el gasto corriente, por lo que los recursos fueron dirigidos a la construcción de Centros de Salud y escuelas en zonas indígenas, así como la construcción de más de 220 obras sociales que incluyeron parques, canchas y centros comunitarios en 54 municipios, así como el despliegue de programas de nutrición infantil.
Sin embargo, tras dejar el cargo de gobernador de Chihuahua, el hoy senador Javier Corral Jurado fue acusado por el gobierno de María Eugenia Campos Galván de haber cometido el delito de peculado agravado por un presunto desvió de 98.6 millones de pesos que según la Fiscalía Anticorrupción el ahora senador “simuló un contrato con un despacho externo para realizar una reestructura de la deuda pública del estado” la cual según la acusación, los servicios nunca se prestaron y el dinero fue sustraído del erario.
Sin embargo, tras dejar el cargo de gobernador de Chihuahua, el hoy senador Javier Corral Jurado fue acusado por el gobierno de María Eugenia Campos Galván de haber cometido el delito de peculado agravado por un presunto desvió de 98.6 millones de pesos que según la Fiscalía Anticorrupción el ahora senador “simuló un contrato con un despacho externo para realizar una reestructura de la deuda pública del estado” la cual según la acusación, los servicios nunca se prestaron y el dinero fue sustraído del erario.
Al respecto, el senador Javier Corral Jurado aseguró que las acusaciones en su contra forman parte de una “persecusión política” por parte de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el grupo de duartistas que se vieron afectados con la Operación Justicia para Chihuahua donde no solamente se exhibió la red de corrupción en el Gobierno del Estado, sino entre distintos grupos políticos, empresariales, religiosos y de medios de comunicación que se vieron beneficiados tanto con la nómina secreta como con contratos millonarios que al final de la administración de Duarte Jáquez dejaron al estado sumido en una deuda publica de más de 55 mil millones de pesos, cifra que representó un incremento del 284% con respecto al 2010 cuando el ballezano recibió la administración de manos de José Reyes Baeza quien heredó una deuda de 12 mil 547 millones de pesos.
