Por: La Redacción.

Chihuahua, Chih., a 21 de noviembre del 2026.- La administración encabezada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván comprometió 64 millones 134 mil 056 dólares —equivalentes a mil 154 millones 413 mil 008 pesos a un tipo de cambio de 18 pesos por dólar— para el arrendamiento plurianual de dos helicópteros Bell 429, una erogación que supera en más de cuatro veces el valor de adquisición de ambas aeronaves nuevas en fábrica.

Según los registros del contrato SH/ADE/SSP/192/2023, firmado el 26 de septiembre de 2023 a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y adjudicado de manera directa, el servicio fue contratado con la empresa B3-Flyservices SA de CV —con domicilio en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México—, identificada en documentos corporativos como una de las razones sociales vinculadas a Grupo Seguritech.

El acuerdo establece la prestación del «servicio integral de transporte aéreo mediante dos aeronaves de ala rotativa» —identificadas con las matrículas XA-VGW y XA-VGO— con una vigencia comprendida del 22 de septiembre de 2023 al 9 de septiembre de 2027. Bajo este calendario, el desembolso equivale a un promedio diario de 813 mil 538.82 pesos (45 mil 196.65 dólares por día).

De acuerdo con una investigación previa del diario Reforma, el precio de fábrica de un helicóptero modelo Bell 429 asciende a 7.5 millones de dólares por unidad, por lo que la compra directa de dos aeronaves nuevas representaría una inversión inicial aproximada de 15 millones de dólares, frente a los más de 64.1 millones de dólares pactados por concepto de arrendamiento en Chihuahua.

El antecedente cobró relevancia nacional luego de que Reforma documentara que el Gobierno de Quintana Roo adquirió una aeronave del mismo modelo en 25 millones de dólares (alrededor de 440 millones de pesos) a la empresa PABE-TAX, también asociada a Seguritech Privada, operación señalada por presunto sobreprecio.

La adjudicación del servicio aéreo se suma a la relación contractual previa entre el Gobierno de Chihuahua y Seguritech Privada, corporativo al que también se le otorgó por adjudicación directa el contrato de 4 mil 710 millones de pesos para el desarrollo e implementación de la Plataforma Centinela.

Mientras las autoridades estatales suelen justificar los esquemas de arrendamiento integral y la reserva de expedientes en materia de seguridad pública bajo argumentos de operatividad, mantenimiento especializado y confidencialidad táctica, especialistas en fiscalización y reportes periodísticos advierten que la combinación de adjudicaciones directas, concentración de proveedores y la clasificación de los contratos como «información reservada» limita el escrutinio ciudadano sobre el costo-beneficio real del gasto público y el uso efectivo de las aeronaves.

Con información de Zona Free.