Acusada de ser estafadora, Rosa María Córdoba Silva, de la Notaría Pública 8.La presunta estafadora dijo tener influencias en la PGJEH.
Por Juan Ricardo Montoya
Un grupo de aproximadamente 50 personas protestó el martes por la mañana frente a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), dirigida por Santiago Nieto Castillo. Su motivo era denunciar presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias que involucran a funcionarios públicos de dicha dependencia, alegando que estaban colaborando con una mujer identificada como Rosa María Córdoba Silva. Según los manifestantes, esta mujer los habría estafado por un monto de cuatro millones de pesos.
Nancy Isabel García Velasco y Juan Patricio Chavarría Zúñiga, quienes lideraron la protesta, argumentaron que, a pesar de haber presentado una denuncia por fraude contra Rosa María Córdoba Silva bajo la carpeta de investigación 12-223-06455, los funcionarios de la PGJEH estaban saboteando y prolongando la investigación para evitar judicializar el caso y emitir una orden de aprehensión o medidas cautelares.
En una entrevista, Nancy Isabel García, la principal afectada, relató que todo comenzó a principios de mayo del año pasado en la Notaría número 8 de Pachuca, bajo la dirección del fedatario Carlos Fernando Licona Rivemar, donde Rosa María Córdoba trabajaba realizando labores de escrituración.
En mayo de 2022, debido a diversas irregularidades y denuncias de fraudes en los trámites de escrituración, el entonces gobernador Omar Fayad Meneses retiró la patente de notario a Licona Rivemar. La revocación se dio por una queja de la usuaria María de Lourdes García Ruiz en diciembre de 2021.
«Allí conocimos a Rosa María Córdoba Silva, quien nos dijo que nuestra solicitud no podía ser atendida en ese momento, pero que nos invitaba a participar en un negocio de bienes raíces», señaló Juan Patricio Chavarría Zúñiga, otro de los afectados. A través de una propuesta de compra, Rosa María les solicitó dinero para adquirir propiedades y casas en remate de Infonavit y algunos bancos.
«Accedimos a darle el dinero, pero no nos lo ha devuelto, ni mucho menos las propiedades. Cuando le pedimos que nos devuelva nuestro dinero, nos amenaza y dice que tiene una buena relación con políticos y funcionarios de la Procuraduría y el Ministerio Público, y que puede sobornarlos y que le hagamos como queramos».
Además, Rosa María presume de tener influencia a través de sus hijas, Daniela Badillo Córdoba, que trabaja en la Secretaría de Contraloría, y María José Badillo Córdoba, que trabaja en la Primera Sala Civil y Familiar.
A pesar de que los afectados afirman haber entregado pruebas en contra de Rosa María a la policía investigadora, como cheques y pagarés con firmas falsas y sin fondos, convenios firmados en Justicia Alternativa e incluso videos en los que confiesa haber recibido el dinero, los funcionarios del ministerio público han retrasado la investigación y han solicitado cada vez más pruebas.
Como resultado, los manifestantes responsabilizaron a Santiago Nieto Castillo, Procurador de Hidalgo, de la ineficacia de la Procuraduría para garantizar una justicia rápida y efectiva, ya que creen que la dilación del caso solo le dará a Rosa María el tiempo suficiente para preparar su fuga.
Entre los afectados, hay personas que entregaron cantidades que oscilan entre los 100 mil, 400 mil, un millón y hasta 2 millones de pesos. Por último, los afectados instaron a todos los notarios públicos a tener precaución con la presunta defraudadora, ya que se aprovecha de sus cargos en las notarías para cometer fraudes.
