Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 15 de noviembre del 2026.- La exigencia de la gobernadora María Eugenia Campos Galván para que el exfiscal Guillermo Arturo «Zuany» Portillo rinda declaración ante un juez y no ante The New York Times quedó bajo el escrutinio político tras ser señalada como una contradicción por el coordinador parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, quien recordó que la mandataria estatal optó por acudir a espacios mediáticos en la Ciudad de México en lugar de desahogar una comparecencia ante la Fiscalía General de la República (FGR) cuando fue citada como testigo.

Al fijar postura sobre el debate derivado de los señalamientos atribuibles a «Zuany» y la cobertura mediática del caso, Estrada Sotelo ironizó sobre el llamado de la titular del Ejecutivo estatal —expresado en la frase «que no le declare al New York Times, que le declare a un juez»—, señalando que «nada más da el consejo y se queda sin él».

De acuerdo con lo expuesto por el legislador morenista, la gobernadora recibió un citatorio como testigo dentro de una averiguación ante la FGR y, en su versión, no acudió a declarar formalmente ante esa instancia, sino que llevó su postura a entrevistas y ruedas de prensa a medios nacionales en la capital del país —mencionando espacios asociados a periodistas como Joaquín López-Dóriga y Ciro Gómez Leyva—.

Para Estrada, ese contraste evidencia una falta de congruencia en el discurso oficial: pedir que las versiones se lleven ante instancias judiciales cuando, frente a una diligencia ministerial federal, se priorizó la exposición en medios de comunicación.

Más allá del choque discursivo con la gobernadora, el coordinador parlamentario sostuvo que la Fiscalía estatal no tiene atribuciones para determinar o descartar responsabilidades sobre posibles delitos del orden federal, como traición a la patria o violación a la Ley de Seguridad Nacional, materias que —dijo— corresponden exclusivamente a la FGR.

Como antecedente sobre la división de competencias, Estrada Sotelo contrastó la actuación de la autoridad local en el caso del exfiscal Jáuregui, señalando que la detención y la orden de aprehensión impulsadas por la Fiscalía estatal se sustentaron en delitos del fuero común —como uso ilegal de atribuciones— y no en los ilícitos federales integrados.

Estrada Sotelo insistió en que las responsabilidades —tanto las que puedan recaer en «Zuany» como en cualquier otro funcionario o funcionaria— deben acreditarse en una carpeta de investigación debidamente integrada y resolverse ante tribunales competentes, evitando que los medios de comunicación sustituyan a los órganos jurisdiccionales.

Finalmente, consideró que si las declaraciones atribuidas a «Zuany» ante The New York Times respecto al conocimiento de la gobernadora se trasladan y reproducen dentro de la carpeta que integra la FGR —donde puede ser citado o ampliar su dicho—, ello sí modificaría el escenario político en Chihuahua, aunque subrayó que el valor procesal de dichos señalamientos corresponde determinarlo a la autoridad ministerial y judicial.