Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 25 de agosto del 2026. — En un fallo que marca un punto de inflexión en la procuración de justicia del estado, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua —encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, «El Bayo»— sufrió una contundente derrota jurídica tras resolverse que carece de competencia para continuar con el proceso penal seguido en contra del empresario José Pedro López Elías.
La determinación, dictada este lunes 24 de agosto de 2026, trasciende el ámbito de un simple trámite administrativo. El revés obliga a la institución estatal a remitir de manera íntegra la carpeta y la documentación correspondiente al ámbito federal, arrebatándole el control de uno de los expedientes que se había convertido en la punta de lanza de su gestión.
Durante meses, el proceso judicial contra López Elías estuvo acompañado de severos señalamientos por parte de su defensa y familiares. Desde el inicio de la controversia, los representantes legales acusaron al organismo encabezado por Valenzuela Holguín de emplear mecanismos procesales dilatorios para mantener el control de la investigación de forma arbitraria, prolongando un conflicto jurisdiccional que ya había generado requerimientos previos sobre la competencia del caso.
Para la defensa, el fallo representa una victoria sin precedentes al lograr sacar el expediente de la esfera estatal, luego de documentar lo que calificaron como excesos, faltas y una dilatación deliberada del proceso que vulneró los derechos fundamentales del imputado.
Lo que agrava la situación institucional para la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no es únicamente la pérdida del expediente, sino las consecuencias colaterales derivadas de la audiencia. La autoridad resolutora ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
El propósito de esta medida es que ambas instancias investiguen y valoren si la actuación de los juzgadores, autoridades ministeriales y funcionarios estatales durante el procedimiento configura conductas susceptibles de sanción o posibles delitos. En el plano técnico jurídico, dar vista a otras autoridades implica que se ha advertido la existencia de irregularidades graves que ameritan una revisión externa e imparcial.
La resolución del 24 de agosto de 2026 deja a la Fiscalía Anticorrupción frente a un panorama sumamente complejo. La ley es clara: cualquier intento de la dependencia estatal por contravenir la resolución dictada constituiría un delito flagrante sujeto a sanciones judiciales.
La defensa de López Elías ha sostenido de forma reiterada que durante el procedimiento se incurrió en irregularidades, retrasos injustificados y acusaciones carentes de sustento, actuaciones que —aseguran— vulneraron los derechos fundamentales de su representado y de su familia.
Dichas afirmaciones deberán ser confrontadas con el contenido íntegro de las resoluciones judiciales y con las indagatorias que realicen las autoridades que ahora han sido notificadas oficialmente.
Más allá de las posturas de las partes, el fallo coloca a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua ante una crisis institucional, al perder la competencia sobre un expediente emblemático que ahora deberá turnarse al fuero federal.
Lo ocurrido este 24 de agosto se traduce en una victoria jurídica de enorme peso dentro de una batalla legal que sigue abierta, pero que cambió de rumbo de manera definitiva.
Mientras el caso transita formalmente hacia el fuero federal, el saldo de este litigio erosiona la credibilidad institucional del organismo anticorrupción local, poniendo bajo el escrutinio público no solo el fondo de las acusaciones originales, sino el actuar de quienes debían garantizar el debido proceso y la legalidad en Chihuahua
